El gobierno del Presidente Gabriel Boric estimaba que, de no suspender los efectos del fallo, se podían generar consecuencias irreversibles, en caso de tener éxito en su apelación en la Corte Suprema contra la decisión judicial que revivió el proyecto minero-portuario Dominga.
Bukele, el presidente salvadoreño, anunció su interés de encontrar oro en El Salvador y reanudar la minería metálica, una actividad que fue prohibida en el país por su alto costo ecológico y riesgo para la salud de los habitantes.
La instancia presidida por el Ministerio del Medio Ambiente e integrada por Economía, Salud, Agricultura, Energía y Minería, resolvió que ninguno de sus titulares participarán de la sesión que vote el proyecto. En los próximos días presentará una consulta a Contraloría para que se pronuncie sobre quiénes lo integrarán y quién tendrá la presidencia del Comité. En paralelo, el SEA presentó un recurso de casación y solicitó al Primer Tribunal Ambiental suspender los efectos de la sentencia que revivió el proyecto, mientras el máximo tribunal resuelve el fondo.
Según explicó la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), la firma arriesga una multa de hasta 21 mil unidades tributarias anuales (UTA), equivalentes a casi $17 mil millones.
El nuevo convenio colectivo tendrá una vigencia de 36 meses y comenzará a regir el 1 de mayo de 2025 para un universo de 227 personas, según explicó la estatal.
La iniciativa busca extender la vida útil del yacimiento, ubicado en la comuna de Sierra Gorda, por 28 años más a partir del año 2028. Además, agrega iniciativas de transición hídrica para dejar de usar las fuentes de agua continental a partir de 2035.
Tendrán una vigencia de 36 meses y comenzarán a regir entre junio y septiembre de 2025. Afectarán a alrededor de 3.400 trabajadores.
"Con humildad y apertura manifestamos nuestra disposición ante el Comité de Ministros para atender cualquier planteamiento que ayude a implementar lo instruido por el Primer Tribunal de Antofagasta", dijo Andes Iron.
Según detalló la empresa en un comunicado, el contrato colectivo tendrá una vigencia de 36 meses y considera una serie de beneficios para los trabajadores afiliados a dicho sindicato.
La caída en el precio del mineral impactó los montos que SQM y Albemarle deben cancelar por operar en el salar de Atacama en el trimestre, alcanzando los US$87 millones. En lo que va del año, los pagos realizados por ambas compañías a Corfo bajan 85%, hasta los US$ 366 millones. A septiembre de 2023 habían pagado US$2.453 millones. Y eso que la producción será récord este año.
En una presentación ante diputados, Wenyu Zhang, vicepresidente y secretario del directorio, junto a Wanyu Xiong, vicepresidenta senior de Tianqi Lithium Corporation, revelaron que enviaron una carta de intención al gobierno de Gabriel Boric para desarrollar proyectos de valor agregado, pero “lamentablemente no hemos recibido ningún feedback”. También volvieron a criticar la alianza SQM-Codelco.
Codelco informó que realizó el segundo pago por US$ 338 millones y llegar a los US$520 millones acordados.
El presidente del directorio de la minera estatal aseguró que existe un proceso en curso y que esperan llegar a buen término en las negociaciones. “Es un grave error que Chile exporte más del 50% de su cobre en forma de concentrados”, afirmó, pero también alertó sobre el “mal momento” para desarrollar el negocio, por políticas de costo cero y la sobrecapacidad en fundiciones chinas.
En un segundo fallo emitido por el Primer Tribunal Ambiental referente al acuífero Monturaqui-Negrillar y Tilopozo, se aprobó un acuerdo con Minera Escondida, Minera Zaldívar y Albemarle, que comprometieron un conjunto de 14 medidas para dejar de extraer agua desde dicha zona. En conjunto, las acciones ambientales suman US$47 millones. Según BHP el acuerdo involucra "montos que serían de los más altos que se han acordado en una conciliación ambiental".
