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Una dura resolución dictada por el fiscal regional metropolitano Oriente (s), Felipe Sepúlveda, dejó fuera del Ministerio Público a la hija del ex comandante en jefe del Ejército y su esposo, el también perseguidor penal público Andrés Iturra. En el sumario se les atribuye graves faltas a la probidad al haber participado activamente en la donación de inmuebles de Óscar Izurieta que luego la jueza Romy Rutherford no pudo confiscar, en medio de una investigación por millonaria malversación de caudales públicos. "Sin perjuicio de la gravedad de sus conductas, han generado una injustificada sensación de corrupción generalizada en el Ministerio Público", advierte la resolución que les fue notificada a ambos abogados.
El abogado Juan Agustín Meléndez, fiscal regional de Los Ríos, asumió como fiscal nacional suplente.
"El gobierno va a tener a alguien, un fiscal a nivel nacional con quien relacionarse y que va a hacer el seguimiento de las investigaciones que se están llevando a cabo en el país”, afirmó el ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve.
Carabineros informó que el sistema de seguridad con que contaba el inmueble, habría sido “determinante para que no se llevara a cabo la sustracción de más especies”.
Red Gestión Penal es el nombre de la nueva herramienta a la que tendrán acceso funcionarios y fiscales del Ministerio Público, quienes podrán cargar la información a esa red, donde se almacenará toda la información respecto de una causa. Junto con eso, funcionarios policiales de Carabineros y la PDI también podrán posicionar allí los partes policiales y facilitar las diferentes etapas de una investigación.
"Son las estrategias de investigación las que tiene que cambiar. Investigar los delitos uno a uno resulta absolutamente ineficiente. Tenemos que mejorar en ese sentido”, dijo el fiscal nacional al referirse al aumento de homicidios en el país.
Según el reporte de la Fiscalía, de los 58.171 delitos económicos y tributarios registrados en Chile al primer semestre del presente año, sólo 10.827 tuvieron algún tipo de salida judicial, dentro de los cuales apenas 2.110 tuvieron como resultado una sentencia definitiva condenatoria. Abogados especialistas en esta materia piden una mayor dedicación del Ministerio Público.
El ministerio público imputó al vigilante los presuntos delitos de robo con intimidación y tenencia ilegal de arma de fuego.
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informó que en el primer semestre de 2022 las operaciones sospechosas totalizando 5.397. En el detalle, el sector bancario es el que lidera, con un alza del 38,7%, llegando a 2.796, lo que equivale a 780 denuncias adicionales respecto del mismo periodo del año 2021. Del total, se detectaron señales indiciarias de lavado de activos o financiamiento de terrorismo en 193 reportes.
Alejandro Barra, además, aseguró que quedó conforme con la pena de 20 años que deberá cumplir el joven condenado.
El líder de la CAM cuenta con un largo historial judicial que comenzó en 2001.
"Más que pronunciarse respecto de lo que dijo o no dijo, lo que le corresponde al Ministerio Público es investigar para recabar evidencia que permita tipificar los delitos", afirmó el subsecretario del Interior.
Jorge Abbott aseguró que necesitan mayor información "porque efectivamente el reconocimiento de un hecho puede dar origen a que se decreten diligencias para poder establecer la existencia de ese hecho y de la participación de la persona”. Hace dos días la ministra del Interior, Izkia Siches, había afirmado, a raíz de los dichos del comunero, que "cuando hay cualquier admisión por parte de estas personas de un ilícito, el Ministerio Público tiene toda la libertad de actuar".
Luego de que se conociera una declaración del líder de la CAM asegurando que la organización sería partícipe en el delito de robo de madera, la titular de Interior había señalado que el Ministerio Público tenía “la libertad de actuar” cuando hay admisión de un ilícito. El fiscal nacional, por su parte, advirtió que no basta con que alguien se auto atribuya una conducta para que la Fiscalía "pueda tomar una decisión de formalización”.
