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El persecutor Alejandro Ríos indicó que se trata de los documentos preparados por la policía uniformada respecto a la quema de camiones en Valdivia en 2017.
Carlos Palma aseguró que el foco de la indagatoria debe ser la presunta falsificación de las pruebas y no la veracidad del cuestionado software que contrató Carabineros.
La presentación fue hecha por el ministerio del Interior al fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, quien está a cargo de la causa.
Desde distintos sectores cuestionaron actuar de La Moneda, querellante en el caso.
Magistrado Federico Gutiérrez indicó que los ocho involucrados en el proceso han "visto afectados ilegítimamente su honra". El Ministerio Público anunció que apelará del término de la causa.
El máximo tribunal confirmó el rechazo a la acción judicial con la que el fiscal regional de O'Higgins buscaba revertir una sanción disciplinaria impuesta por su superior.
La cita se dará en medio del tenso escenario por la denominada "Operación Huracán". El fiscal nacional puso como condición no abordar ningún aspecto de las investigaciones penales por obstrucción en que ha declarado el general director y el jefe de Inteligencia, este último como imputado.
La máxima autoridad de la Fiscalía aborda la crisis por la Operación Huracán, la mayor desde la instalación de la reforma procesal penal. "Acá está en juego la credibilidad de una institución relevante para el Estado", dice, y asegura que habrá un antes y un después de este caso.
Un software capaz no sólo de intervenir celulares sino que también de ocupar un router para establecer la presencia de personas en un determinado lugar es la creación de un ingeniero del Inacap, apodado "el profesor", que la Fiscalía ha puesto en entredicho y que la ha enfrentado con Carabineros a quienes acusa de manipular pruebas para inculpar a supuestos implicados en atentados en La Araucanía.
El escándalo ha vuelto a poner en la agenda pública la conveniencia de restituir en las reparticiones del Estado grados de serenidad y prudencia comunicacional, que son indispensables para que las instituciones puedan funcionar sobre una mínima base de dignidad.
