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El presidente de la Asociación de Fiscales señaló a La Tercera que las modificaciones "van en la línea correcta", pero que "todo proyecto es perfectible".

Esta mañana la Presidenta Bachelet firmó la indicación sustitutiva al proyecto que actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado.

El Fiscal Nacional por su parte, valoró la inversión que realizará el Estado y se mostró contrario a la presencia permanente de los persecutores en las comisarías.

La Mandataria señaló que el proyecto busca que los fiscales y funcionarios no se vean sobrepasados por las causas, que haya una carrera al interior del organismo, incentivos económicos y posibilidades de ascenso.

Iniciativa también plantea crear unidades que analicen los delitos de mayor connotación.

Desde la Región Metropolitana se coordinarán todos los delitos que afecten al gremio de los transportistas con persecutores exclusivos que dirijan las investigaciones.

Esta medida se suma la modificación a la Ley de Control de Armas en el marco de la agenda corta de seguridad establecida por el gobierno para combatir el crimen organizado y la delincuencia.

El vocero de Gobierno y el ministro del Interior reiteraron el llamado a respetar la autonomía de las instituciones a cargo de la investigación y a dejar que "hagan su trabajo en forma tranquila".

El secretario general, Javier Macaya, aseguró que "es importante que en el marco del funcionamiento del Ministerio Público, las instituciones que colaboren en las investigaciones, lo hagan resguardando el principio de objetividad".

Presidente de la Corporación, el DC Aldo Cornejo, detalló que el viernes jefe de informática habría recibido solicitud del senador para acceder a la cuenta que ocupaba cuando era diputado.

Hoy se firmó el proyecto de Reforma Constitucional que dará luz verde a la creación de una unidad especializada supra territorial que investigue causas complejas.

Adicionalmente, el portavoz de La Moneda, Alvaro Elizalde, informó que se va a enviar una reforma constitucional para terminar con la inhabilidad de que dirigentes sindicales postulen a cargos de elección popular.

El Ministerio Público hizo un listado que cifra en $ 830 millones los gastos de estos procesos.

Tras la reunión del Consejo Operativo de Seguridad, Alberto Ayala analizó la polémica por la entrega de recursos extra a la investigación de bombazos, prometida por el gobierno.

El titular de Interior aseguró que los recursos, mayores a los $100 millones, fueron aprobados mediante un decreto firmado por la Presidenta Bachelet.