A través una declaración pública el ministro Hernán Larraín mantiene sus dichos a La Tercera en donde aseguraba que había que hacer un cambio en la designación de jueces y notarios en el Poder Judicial.
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En cónclave UDI también criticó designaciones de notarios, donde dijo que primaba el "amiguismo". Reiteró intención de cambiar el sistema.
Casi la mitad de la bancada firmó una declaración en la que se advierte un "rotundo rechazo". Además, emplazaron a Piñera a conversar "internamente". En almuerzo con la UDI, Larraín sondeó posibilidad de legislar para menores entre 16 y 18 años, pero no hubo respaldo.
Hernán Larraín fue consultado por las críticas surgidas luego que en entrevista con La Tercera sostuviera que este gobierno "no es partidario de indultar a violadores de Derechos Humanos ni asesinos en serie".
Si bien valoraron dichos del ministro de Justicia, criticaron su postura sobre aplicar beneficio por razones humanitarias a condenados por delitos de lesa humanidad.
Respecto al cierre de Punta Peuco, el ex titular de Justicia, enfatizó que nunca recibió ningún decreto e indicó que era "incorrecto e inoportuno" haber realizado el proceso a horas de finalizar la administración de Bachelet.
La ex mandataria participará en una actividad conjunta con Sebastián Piñera, Ricardo Lagos y Eduardo Frei Ruiz-Tagle, para dar un gesto de unidad en la antesala de los alegatos por la demanda boliviana ante La Haya.
El ex titular de Justicia se desligó de responsabilidades y sostuvo que firmar cualquier decreto el fin de semana no habría producido efecto jurídico alguno.
"Vamos a modificar el sistema de nombramientos para garantizar el mérito, la transparencia y los concursos públicos que garanticen que, efectivamente, quienes están a cargo de la fe pública sean las personas más indicadas", manifestó el ministro de Justicia, Hernán Larraín.
No fue el único decreto que el ministro Jaime Campos no firmó: tampoco habría cursado el indulto al exfrentista Jorge Mateluna.
¿Tenía que extenderse la ya muy larga sombra de ese infortunio hasta los ultimísimos días del gobierno? Tal como ha evolucionado, parece que el caso Caval habría seguido persiguiendo a la Presidenta si su mandato hubiese sido más largo.
Las colectividades están exigiendo que la Presidenta cumpla con cerrar el recinto, a 12 días del cambio de mando. En la Nueva Mayoría, sin embargo, creen que es difícil tomar una decisión en tan poco tiempo.
