Además, el titular de Justicia descartó el eventual uso de la fuerza para resolver el problema.
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La medida de presión se inició en la Penitenciaría de Santiago y amenazan con extenderla al resto del país.
Defensoría Penal Pública advierte que la movilización vulnera los derechos de imputados. Hoy presentaron 15 recursos de amparo en favor de reclusos.
De acuerdo a la versión del vocero del Frente de Trabajadores Penitenciarios, hasta ahora el gobierno no se ha acercado a plantearles continuar con las negociaciones, por lo que su valoración de las gestiones realizadas por las autoridades, es que actúan de manera "insuficiente y mezquina".
Penales estaban cerrados hoy a nuevos internos, los que deben permanecer en tribunales.
"Hoy la unidad entre estudiantes y trabajadores es necesaria para hacer frente a la agenda de precarización de nuestras vidas", manifestó en la instancia el vocero Confech Cristopher Hidalgo.
La movilización se inicia luego de que el pasado miércoles, funcionarios y autoridades de gobierno no acercaran posturas.
Gremios consideraron insuficientes los recursos dispuestos para dar movilidad a la carrera funcionaria. Movilización comenzaría el lunes, con turnos éticos y sin traslado de personas desde y hacia las cárceles.
Funcionarios rechazaron la propuesta del Ministerio de Justicia, tras cuatro meses de negociación.
Sindicatos y Dirección del Trabajo alcanzaron un acuerdo, que no dejó contentos a todos.
Como plan piloto comenzarán a funcionar solo en el barrio El Golf, Su costo es de 500 pesos para desbloquear el scooter, y luego 150 pesos por minuto.
Por ahora se registra un carabinero herido y una persona detenida por la agresión. El uniformado fue trasladado hasta el hospital institucional para ser evaluado.
Camilo Sánchez manifestó que "desde la juventud debemos responder acelerando la unidad de las fuerzas políticas democráticas y poniéndonos de acuerdo en la activación de un movimiento juvenil y estudiantil".
Las estudiantes bajaron la toma que se extendió por más de 100 días
Expresaron su rechazo al proyecto y a que se reduzcan las capacidades fiscalizadoras del servicio.
