La exalcaldesa de Peñalolén dejó atrás su pretensión parlamentaria y la semana pasada aceptó integrar el equipo de seguridad del Presidente, quien la designó como subsecretaria de Prevención del Delito. “Yo no vengo a partir de cero, sino que sobre la base de lo que ya se está ejecutando”, afirma la exmilitante de la DC.
Que las nuevas autoridades soliciten auditorías externas para conocer el estado en que reciben los municipios debería volverse una práctica habitual, para contribuir a la transparencia y la probidad, y debería extenderse también a los futuros gobernadores.
La jefa comunal de Peñalolén dejará su cargo, pues asumirá como nueva subsecretaria de Prevención del Delito.
Luego de que su nombre fuera desechado por Chile Vamos para ser el candidato a la alcaldía de San Miguel, el exintendente insistió en sus aspiraciones y fue electo como concejal de RN por la comuna que liderará Carol Bown a partir de diciembre.
En 2024 el organismo encabezado por Dorothy Pérez inició 203 indagaciones sobre municipios. También se abrieron procesos especiales sobre materias financieras en 30 comunas que tienen alcaldes que no van a la reelección.
La situación del suspendido alcalde de Recoleta, hecho que incluso incomoda ser abordado por algunos de sus pares, es algo inédito desde la creación de la AChM. La situación hoy no está resuelta, algo que podría ocurrir a fines de septiembre, cuando transcurra el tiempo necesario para su destitución formal. Pero su caso no es el único similar en la actualidad, toda vez que la recien destituída gobernadora de Coquimbo, Krist Naranjo, sigue formando parte del directorio de la Asociación Chilena de Gobernadores Regionales.
A fines de junio, la Dirección de Presupuestos publicó la primera radiografía “oficial” de los trabajadores municipales: en 2023 llegaron a 309.617 en promedio, 11% más que 2022, pero 5,7% menos que en 2021. Sin embargo, una de las características de esta información es que es autorreportada por las propias alcaldías y no existe un mayor chequeo sobre los datos proporcionados. Antofagasta, Santiago y Talca son las comunas con la mayor cantidad de funcionarios, según este informe.
El documento de Chile Transparente y la Asociación de Auditores Externos expone un total de 10 propuestas en áreas como contrataciones, adquisiciones y prevención de irregularidades.
La preocupación por los últimos hechos delictivos presenciados en Lampa puso en el tapete que la crisis de seguridad también afecta a las comunas periféricas de la Región Metropolitana, donde se ha comenzado a verificar que las bandas instalan centros operacionales. Por eso, sus ediles hicieron sentir el malestar en La Moneda.
La muerte de un inspector municipal en La Cisterna el pasado viernes, así como disparos y golpes a guardias municipales vividos la noche del sábado en La Reina e Independencia levantaron la alarma entre los alcaldes por mayores atribuciones y herramientas hacia los trabajadores públicos al momento de combatir la inseguridad. Armas no letales, así como la aprobación de la Ley de Seguridad Municipal, son parte de las medidas solicitadas.
La alcaldesa de Peñalolén ha ido socializando con diversas autoridades una idea para hacerle frente a la crisis de seguridad y que apunta a usar la tecnología del Ejército, sin toques de queda ni militares en las calles.
En medio de la reciente escalada de violencia en la RM, este miércoles la Asociación Chilena de Municipalidades (Amuch) sostuvo una reunión de emergencia para evaluar acciones en conjunto, mientras que la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) se reunirá con el subsecretario Eduardo Vergara para solicitar más injerencia en la toma de decisiones.
Al menos cinco comunas de la Región Metropolitana están entre las de mayor Índice de Vulnerabilidad Socio Delictual, un ranking que considera delitos graves, indicadores socioeconómicos, ingresos municipales y cantidad de infractores de la Ley NNA. Entre las comunas más afectadas se encuentran Santiago, Puente Alto, Maipú, San Bernardo, La Florida y Recoleta.
El documento explicita que no pueden usarse platas del Estado en actividades en que se vulneren garantías constitucionales o se promuevan actividades ilícitas, como el porte o uso ilegal de armas, el tráfico de drogas y la pornografía infantil.
