El país se encuentra en crisis desde el 1 febrero cuando los militares se hicieron con el poder mediante un golpe de Estado, desplazando al gobierno electo del partido de la líder Aung San Suu Kyi.
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Ante las transversales condenas internacionales por el golpe del 1 de febrero, que hasta ahora deja 60 muertos, los militares contrataron a una firma de lobby canadiense-israelí por US$ 2 millones para "ayudar a explicar la situación real".
Los medios locales también han informado que las fuerzas de seguridad han ocupado hospitales y universidades en un esfuerzo por controlar las manifestaciones y hacer cumplir la ley, en una jornada en la que está convocada una nueva huelga general en el país para protestar por el golpe de Estado.
Se trata de Khin Maung Latt director de campaña del parlamente disuelto quien fue arrestado el sábado por la noche en el distrito de Pabedan, en Rangún. Naciones Unidas dice que las fuerzas de seguridad han matado a más de 50 personas para acabar con las manifestaciones.
La emisaria de la ONU para Myanmar, Christine Schraner Burgener, instó a los miembros del organismo a tomar “medidas muy duras”.
El embajador participó en una reunión informal en Nueva York el viernes y pidió a la comunidad internacional “adoptar las acciones más contundentes posibles” para forzar la vuelta del poder civil y detener los “actos violentos y brutales” de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes.
El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, dijo al fin de la reunión que los cancilleres alcanzaron “un acuerdo político para imponer medidas restrictivas contra personas responsables por el arresto y enjuiciamiento” de Navalny.
El secretario general del organismo, António Guterres, instó al ejército birmano a que "respete los derechos humanos y la voluntad del pueblo expresada en las recientes elecciones”.
“El uso de fuerza letal, intimidación y acoso contra manifestantes pacíficos es inaceptable. Todos tienen derecho a reunirse pacíficamente”, señaló Guterres el mismo día que se registraron los peores episodios de violencia desde el inicio de las protestas.
Los manifestantes exigen el fin de la Constitución de 2008, de la dictadura militar y piden el establecimiento de una democracia federal. Además, han exigido la libertad de todos los detenidos.
El relator de la ONU, Tom Andrews, se basó en informes sobre el traslado de soldados por lo menos a Rangún, la ciudad más poblada del país, desde otras regiones. “En el pasado, estos movimientos de tropas precedían a las matanzas, desapariciones y detenciones masivas”, afirmó.
Los militares se encuentran en el poder desde el 1 de febrero. La Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Nada Al Nashif, indicó que: "Es muy importante que no se cause ningún perjuicio a las personas más vulnerables del país y que la lucha contra la pandemia pueda seguir adelante, así como la ayuda humanitaria en las zonas de conflicto", por lo que las medidas deben ser selectivas.
Las amnistías masivas de convictos para hacer espacio en establecimientos se han vuelto frecuentes. Por el momento se desconocen los detalles sobre los prisioneros liberados.
En rueda de prensa, el Mandatario detalló que aprobó una orden ejecutiva que permite a Estados Unidos “sancionar inmediatamente a los líderes militares que dirigieron el golpe, sus intereses financieros y sus familiares más cercanos”.
El comandante en jefe del ejército birmano, Min Aung Hlaing, se expresó por primera vez en público este lunes y justificó el golpe de Estado por los “fraudes electorales” durante las legislativas de noviembre. El militar también se comprometió a “celebrar elecciones libres y justas” al término del estado de urgencia en un año y prometió un régimen militar “diferente” que el pasado, en declaraciones a una cadena de televisión local.
