Las defensas de policías que han enfrentado cargos por apremios o lesiones, a partir del uso de sus armas de servicio, alistan una serie de recursos para revertir su situación procesal. La institución, además, analiza las causas en que 130 efectivos ya han sido formalizados, y de 13 funcionarios condenados, para ver la aplicabilidad de la nueva norma.
Dayana Pereira y Evelyn Decurgez siguieron esta semana cada una de las votaciones que llevaron a la aprobación de la ley diseñada para proteger la función de Carabineros, la PDI y Gendarmería. Al día siguiente, sin embargo, el sentimiento de satisfacción con que ambas llegaron a sus casas volvió a convertirse en desazón al enterarse del asesinado a sangre fría del cabo Daniel Palma.
Tras sesión en la Cámara de Diputados, parlamentarios del bloque mencionaron las partes del proyecto que buscarán impugnar en el Tribunal Constitucional. Entre ellas está la que hace mención a la legitima defensa privilegiada y "normas de determinación especial de la pena (...) o el acceso a la pena sustitutivas para la comisión de determinados delitos", como indicó la diputada Catalina Pérez (RD). En el Senado también buscan conseguir 13 rúbricas.
En esa línea, el titular de la cartera de Justicia afirmó que "las posiciones ideales de cada uno de nosotros han quedado atrás", y que "lo más relevante" era lograr un acuerdo que "le diera tranquilidad a las policías" y que "resguardara los derechos de todas las personas en su relación con ellas”.
La extimonel de Revolución Democrática (RD) y hoy segunda vicepresidenta de la Cámara de Diputados, ahonda en la discusión que "partió aguas" en el oficialismo. Advierte que en cuanto a las posturas que debe adoptar el oficialismo y el gobierno respecto al tema, "la mera respuesta emocional a un contexto determinado no nos puede llevar a extremar posiciones" y es crítica de la legislación aprobada.
