Desde Cancillería se informó en la tarde de este martes que el gobierno brindará protección y nacionalidad a los opositores al régimen de Daniel Ortega que fueron declarados como apátridas.
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A raíz de la decisión de Gabriel Boric de brindar nacionalidad a expatriados nicaragüenses del régimen de Daniel Ortega, el alcalde Recoleta aseguró que "yo le recomendaría al gobierno que se preocupe de las problemáticas que hay en el país”.
El mismo día que el Presidente Boric ofreció residencia y nacionalidad chilena a 300 expatriados nicaragüenses y opositores al régimen de Daniel Ortega, el diputado Boris Barrera se reunió con quien ocupa el puesto más alto en el escalafón del servicio exterior nicaragüense en Chile, en el marco del 89° aniversario de la muerte de Sandino. En paralelo, dentro del PC se han levantado críticas al tono que ha tomado Boric con respecto a la crisis nicaragüense.
Luego de que el régimen de Ortega despojara a 94 nicaragüenses de su ciudadanía, los gobiernos de Colombia, Chile y Argentina han ofrecido nacionalidades a algunas de las personas perseguidas por Managua.
El alcalde de Recoleta recordó que "el Gobierno de Chile dijo que era inadecuado que representantes de otros países tengan palabras y opiniones sobre problemas externos", al tiempo que afirmó "no juzgar" al mandatario nicaragüense, Daniel Ortega.
Poco más de una semana después de haber sido desterrados y despojados de su nacionalidad, algunos opositores nicaragüenses relatan lo que vivieron en prisión por meses o años sólo por oponerse o criticar al gobierno de Daniel Ortega.
Por mandato del Presidente, Cancillería e Interior tomarán las medidas correspondientes en ayuda de los opositores al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. "Chile arbitrará los medios legales necesarios para ofrecerles la debida protección", dice el comunicado.
El Foro internacional no gubernamental Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), integrado por exjefes de Estado y de gobiernos, mayoritariamente de tendencia de derecha y centro, señaló que mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador “calla ante las violaciones de derechos humanos” que ocurren en Nicaragua, mientras cuestiona abiertamente a la presidenta peruana Dina Boluarte.
El silencio de Argentina y Brasil, sumado a la breve respuesta de Colombia y México, posicionan al mandatario chileno como el único líder izquierdista en condenar a título personal a Daniel Ortega por la expatriación de 316 disidentes. Si bien analistas creen poco probable que esto enfrente al mandatario con sus pares, sí podría evidenciar la fractura en las distintas izquierdas de la región.
El pasado miércoles, el gobierno de Nicaragua declaró “traidores a la patria” a 94 opositores y críticos, quitándoles de esta manera la nacionalidad.
El infame centro de reclusión nicaragüense que alguna vez sirvió como lugar de detención para los aliados del Presidente Ortega, cuando derrocaron al régimen de Somoza, ahora funciona como cárcel para esos mismos excompañeros de armas. Fue este el lugar donde muchos de ellos pasaron sus días antes de ser expulsados y despojados de su nacionalidad, el 9 de febrero pasado.
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Las historias de los reos políticos son una vitrina de su resistencia en Nicaragua, pero también de la deshumanización de sus verdugos.
El Departamento de Estado estadounidense indicó que “estos actos son incompatibles con la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene derecho a una nacionalidad”. El Gobierno sandinista ha justificado la medida bajo la acusación de la Fiscalía a los disidentes de la comisión del delito de “traición a la patria”.
La canciller Antonia Urrejola sostuvo que la situación en el país centroamericano es "de la más alta gravedad" y afirmó que Chile seguirá "haciendo las acciones que correspondan para apoyar" a las personas que están siendo perseguidas por el régimen de Ortega.
La sorpresiva disposición del régimen sandinista de Daniel Ortega ocurre apenas seis días después de la excarcelación y destierro de 222 disidentes presos, que fueron enviados a Estados Unidos en un avión facilitado por el gobierno de Joe Biden. A todos los expulsados se les quitó la nacionalidad nicaragüense.
