La propuesta logró la aprobación de la Comisión de Economía, instancia donde se hicieron varias modificaciones. El proyecto busca optimizar y reducir entre un 30% y un 70% los tiempos de tramitación de permisos sectoriales. La iniciativa apuesta por una simplificación y modernización de los procesos administrativos, sin comprometer los estándares regulatorios vigentes.
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