El académico de derecho público de la Universidad París 1 Panthéon-Sorbonne analiza el escenario chileno para implementar la nueva Constitución en caso de que gane la opción Apruebo en el plebiscito de salida. "Los cambios deben ser visibles. Incluso si son lentos, las personas deben ser capaces de ver que en su vida diaria un nuevo espíritu ha reemplazado al anterior", dice este profesor que ha acompañado procesos en países como Sudáfrica, Túnez y Myanmar.
El pleno además aprobó un artículo transitorio que exige al actual Congreso un quórum de 4/7 y plebiscitos para reformar sustancialmente siete temas clave de la propuesta de nueva Constitución. La norma además establece que la única forma de saltarse el referéndum ratificatorio es que el Poder Legislativo apruebe el proyecto para modificar la Carta Magna con quórum de 2/3.
Este martes se votará en el pleno una norma transitoria que busca fusionar los 18 Tribunales Tributarios y Aduaneros que existen en el país con el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Contratación Pública y el Tribunal de Propiedad Industrial, los que se incorporarán a los nuevos Tribunales Administrativos. Algunos tributaristas dicen que el cambio dañará la actual especialización de esos tribunales y sugieren crear una sala especializada en temas impositivos en los nuevos tribunales administrativos.
La instalación del órgano de "máxima prioridad" encargado de defender la supremacía de la Carta Magna está rodeada de dudas que nadie se atreve aún a responder. La que más inquieta a abogados y jueces es el "black out" que se armará cuando el Tribunal Constitucional cierre sus puertas, no pueda conocer ninguna nueva causa, pero el Congreso aún no despache el proyecto de ley que crea la nueva institución. Lo más grave, dicen los académicos, es que durante todo ese periodo el Ejecutivo se quedará sin contrapeso, ya que nadie controlará la constitucionalidad de sus reglamentos o decretos.
Por otro lado, se visó que en tres años el Presidente deberá presentar una iniciativa para fusionar los Tribunales Tributarios y Aduaneros, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Contratación Pública y el Tribunal de Propiedad Industrial en los nuevos Tribunales Administrativos, para su integración al Sistema Nacional de Justicia. Estas propuestas se votarán en el pleno la próxima semana.
Se trata de una indicación de consenso entre todos los colectivos de izquierda y que pretende resolver el conflicto que se generó luego de que algunos convencionales quisieran bloquear la opción de que el actual Poder Legislativo pudiera modificar la propuesta de Carta Magna. La enmienda plantea además que para cambios sustanciales en seis temas específicos se requerirá de un plebiscito o que la reforma se apruebe por 2/3.
Un grupo de convencionales -que abarcan los colectivos Pueblo Constituyente, escaños reservados, Coordinadora Plurinacional, Movimientos Sociales e Independientes No Neutrales- ingresaron indicaciones que abordan varios temas polémicos y reviven asuntos desechados por el pleno. Al no tratarse de enmiendas de consenso, es altamente probable que no consigan el voto favorable de los 3/5 de la comisión y queden fuera del informe.
Este jueves el pleno del órgano constituyente votó el informe emanado de la comisión de Normas Transitorias, instancia en donde menos de la mitad de los artículos presentados se despacharon a Armonización. Esto obliga a los convencionales a volver a conversar y modificar normas relacionadas al quórum de dos tercios para reformar la nueva Carta Magna y la transición del Senado hacia al nuevo Poder Legislativo.
En todo caso, ambas volverán a comisión para que se les puedan hacer cambios. Por otro lado, los convencionales aprobaron que el Presidente deberá presentar un proyecto de ley sobre el sistema de seguridad social en el plazo de 12 meses, pero rechazaron que el Congreso tenga que terminar su tramitación en un máximo de dos años.
Cuando la comisión rechazó la disposición que explícitamente hacía cesar de sus cargos a los persecutores que llevaban más de cuatro años liderando sus regiones, el Ministerio Público considera que hay otros tres artículos que -interpretados en conjunto- garantizan la permanencia de los investigadores. "Existe una armonía que muestra que el espíritu de la Convención es darles continuidad a los servicios y que el funcionamiento de los órganos del Estado no se vea alterado", afirma el jefe de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez.
En una de las enmiendas que patrocinaron los colectivos de izquierda se dejó estipulado que si en un plazo de dos años los parlamentarios no despachan la legislación que crea el nuevo Consejo de la Justicia, "se tendrá por aprobado el proyecto presentado por el Presidente". Esta disposición, a pesar de que aplica solo para un caso concreto, se suma a una serie de otros artículos en los cuales se pretende limitar el actuar de los congresistas para así evitar que bloqueen o dilaten la tramitación de los asuntos necesarios para implementar la nueva Constitución.
En un documento que enviaron a la comisión de Normas Transitorias, señalan que "frente a un evento de estrechez en la disponibilidad de aguas, es habitual que se arrienden derechos, se compre agua a terceros u otras formas de lograr los caudales necesarios para mantener la calidad y continuidad del servicio, lo que podría verse seriamente afectado si se establece el carácter de incomerciabilidad de las autorizaciones".
Constituyentes del FA, CS, INN y PC , entre otros, ingresaron indicación para bloquear la opción de que el actual Poder Legislativo pueda reformar la eventual nueva Carta Magna solo con mayoría simple. Esta disposición eleva el quórum de reforma constitucional y lo asemeja a la regla más exigente que existe en el ordenamiento constitucional vigente.
En las últimas horas, para llegar a acuerdos, los integrantes de la Comisión de Normas Transitorias consensuaron un plazo de cuatro años para que el Senado culmine sus funciones, dejando en su lugar a la Cámara de las Regiones. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición los convencionales aún no definían el futuro de los senadores electos el año pasado. Aunque aún no se llega a ese punto de la discusión, desde el Colectivo Socialista e INN adelantan que no son partidarios de esta norma.
