En dos sentencias la instancia declaró la inconstitucionalidad de las afectaciones de utilidad pública ante proyectos construidos que cumplieron con todas las exigencias solicitadas. Esto significaría una señal de que los proyectos no tendrían cambios en ninguna de la etapas, desestimando incluso aspectos como la voz de las comunidades o el impacto ambiental.
