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Hoy, el Tribunal Constitucional acogió una medida cautelar presentada por Marco Enríquez-Ominami y ofició al Servel para que lo incluya en el padrón electoral y así poder inscribirse como candidato presidencial. Esto luego de que perdiera su derecho a sufragio por estar acusado por la fiscalía y arriesgar cárcel, proceso que el organismo aún tiene que resolver en el fondo. Pese a la resolución favorable para ME-O, el Servel informó que no puede incluir al periodista Cristián Warner (exbrazo derecho del fundador del PRO) en los registros de quienes están habilitados para sufragar en las próximas elecciones de noviembre y que sólo lo haría mediante una orden del Tribunal Electoral. ¿En qué terminará esta pugna de poderes?

Mientras se realizan los alegatos de clausura en el juicio oral que se lleva adelante por el caso OAS, el fundador del PRO está en horas clave luego de que este martes el Tribunal Constitucional (TC) revisara la medida cautelar con el que busca declarar inconstitucional la norma en que pierde su derecho a voto sólo por el hecho de estar acusado por el Ministerio Público. La audiencia se pospuso por 24 horas, a petición del ministro Nelson Pozo (cercano al PS), quien solicitó más tiempo para estudiar los antecedentes. Si todo va bien, tal y como le fue a su exbrazo derecho Cristián Warner, el exabanderado no tendría impedimentos para aventurarse en una nueva carrera presidencial.

La interrupción de la primera jornada de alegatos en el juicio contra del líder del Partido Progresista (PRO) y su exbrazo derecho, Cristián Warner -por delitos de fraude al Fisco y tributarios-, dio cuenta de un leve retraso a los planes del Cuarto Tribunal Oral, que tras analizar la cantidad de testigos, documentos y peritos que se presentarán en las audiencias semipresenciales, calculan que el proceso en total dure cerca de 12 semanas. La situación dejaría a Enríquez-Ominami impedido de participar en los comicios de noviembre, ya sea como carta a La Moneda o al Congreso, ya que su escenario judicial no se resolvería antes de septiembre, y para inscribirse necesitaría estar libre de cargos antes del 23 de agosto.

Tras varios años de negociaciones y litigios, en 2018 Hyundai logró cerrar un acuerdo por el 49% de OAS, pese a que ya en octubre de 2017 se informó que la coreana tomaba el control técnico-administrativo del consorcio.

El MOP confirmó que está "en un proceso de análisis de los argumentos presentados como justificación de este aumento de plazo y evaluando si para el logro del proyecto, es atendible dar o no el tiempo solicitado o parte de él".

La investigación apunta a aclarar el paso de la constructora brasileña por Chile y establecer si hubo delitos. Se requirió a la PDI que declare el abogado de OAS que envió mail a gerente de la firma en el país, sobre donaciones electorales.

Según reveló Folha de S. Paulo, el empresario brasileño dijo en su delación compensada que entregó más de 100 millones de pesos para la campaña de Bachelet en 2013.

"Es todo lo que le puedo decir. Y menos el 2013, cuando yo ya no era Presidente", recalcó. Según el ex gobernante, el otrora ejecutivo de OAS es "un señor que dice cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Pregúntele al señor Lula si él ha hablado de platas conmigo. No le puedo decir más yo".

La fiscalía pide una pena de cuatro años para Cristián Warner, luego de que su empresa Conosur Research emitiera dos facturas -por $ 11.798.000 y $ 42.273.000- a la filial chilena de la constructora brasileña OAS. Según el Ministerio Público, "las facturas fueron pagadas por OAS Chile, pese a no responder a servicio alguno".

Entre los cambios que busca implementar el Ministerio de Obras Públicas está aumentar las profundidad de los pilares que van en el fondo marino de 69.5 metros a 86 metros.

Fiscal que indaga el caso, Ximena Chong, está en Brasil en un seminario contra la corrupción.

En su delación compensada, el ex ejecutivo de la constructora brasileña de 34 años, apuntó a coimas en al menos siete países de la región, entre ellos Chile. Además, registra 33 viajes a Perú y otros tantos a Colombia y Panamá.

Nelson Alejandro Santander era un socialista chileno y miembro del Partido de los Trabajadores.

Bancadas optaron debatir el tema en la Sala antes de impulsar una nueva instancia fiscalizadora, que ya no arribó a resultados el año pasado.

El operador político admitió haber entregado en 2009 información al representante de la empresa brasileña en Chile sobre el mecanismo legal para realizar aportes reservados a las campañas.