Mario Cortés, ex coronel de la institución que hoy ocupa el cargo de juez de policía local de Casablanca, y un ex general entregaron su apoyo al jefe de Inteligencia Gonzalo Blu por "sus valientes declaraciones".
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La cita se dará en medio del tenso escenario por la denominada "Operación Huracán". El fiscal nacional puso como condición no abordar ningún aspecto de las investigaciones penales por obstrucción en que ha declarado el general director y el jefe de Inteligencia, este último como imputado.
Expertos respaldaron los dichos del fiscal nacional, quien el domingo se refirió a las dificultades de usar en sede penal la información recolectada bajo dicha normativa.
Cercanos al general director de Carabineros sostienen que -al tratarse de un viaje de una semana- no dimensionó que su salida del país iba a acrecentar la crisis que ya afectaba a su institución. En Santiago, Villalobos admitió en privado que había cometido un error.
La máxima autoridad de la Fiscalía aborda la crisis por la Operación Huracán, la mayor desde la instalación de la reforma procesal penal. "Acá está en juego la credibilidad de una institución relevante para el Estado", dice, y asegura que habrá un antes y un después de este caso.
Un software capaz no sólo de intervenir celulares sino que también de ocupar un router para establecer la presencia de personas en un determinado lugar es la creación de un ingeniero del Inacap, apodado "el profesor", que la Fiscalía ha puesto en entredicho y que la ha enfrentado con Carabineros a quienes acusa de manipular pruebas para inculpar a supuestos implicados en atentados en La Araucanía.
Desde la institución aseguraron que este tipo de situaciones no son permitidas, "salvo que sean autorizadas por la ley".
El escándalo ha vuelto a poner en la agenda pública la conveniencia de restituir en las reparticiones del Estado grados de serenidad y prudencia comunicacional, que son indispensables para que las instituciones puedan funcionar sobre una mínima base de dignidad.
Mario Fernández señaló que el pedido de salida de Bruno Villalobos "emergió de los medios" y que el gobierno esperará los resultados de la investigación antes de tomar medidas.
Fiscal pidió 27 diligencias, de las cuales tres obtuvieron respuesta. Quedaron inconclusas declaraciones de las víctimas y el análisis patrimonial de los imputados.
Según la Asociación Nacional de Fiscales, Cristián Paredes, quien se encuentra con protección de la PDI, ha sido víctima de "seguimientos, vigilancias y grabaciones" por parte de funcionarios de la Dipolcar.
