El ahora electo alcalde de Santiago, Mario Desbordes, se querelló en junio pasado en contra de la directora del organismo, Consuelo Contreras, y otros seis consejeros, luego de que el INDH decidiera querellarse en su contra tras conocerse las conversaciones entre el exministro y el juez Poblete. El ahora alcalde electo se opondrá al requerimiento y pedirá que se concreten las diligencias.
El máximo tribunal fijó las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional en contra del otrora magistrado de la Corte de Apelaciones de Santiago.
El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, citó para este jueves a primera hora a un pleno extraordinario. Quienes conocen de las intenciones del magistrado sostienen que en esa reunión dará a conocer que se ha notificado a algunos de los miembros de la cúpula del Poder Judicial que la Comisión de Ética ha abierto una investigación administrativa en contra de ellos por los chats en los que aparecen vinculados al caso Hermosilla y Topógrafo. Estas últimas conversaciones darían cuenta, a ojos de algunos, de presunto tráfico de influencias. El encuentro se da a sólo tres días de que el propio mandamás del máximo tribunal asegurara que no existía sumario alguno contra algún juez. ¿Un nuevo golpe de timón?
"Lo que creo que no puede pasar es que entremedio de este conflicto lo que se vea afectado es la institución", advirtió el titular de Justicia.
“Lamentamos la decisión que hoy día tomó la Cámara de Diputados de someter a trámite la destitución de dos miembros del consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos”, señaló.
La resolución se conoce tras declararse inadmisible una querella que presentaron por investigación paralela que involucra a Mario Desbordes. Según destacan, esta decisión "reafirma el principio general de que el instituto, en su rol de defender los derechos humanos, debe realizar todas las acciones que correspondan conforme a su mandato".
Se consideró que la legislación que regula al instituto le permite querellarse solamente por los delitos allí establecidos, entre los que no figura el ilícito que acusaba el organismo.
La defensa de Schafik Nazal, exdirector de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), solicitó al fiscal nacional, Ángel Valencia, que cambie la investigación en la que es imputado desde la Fiscalía Centro Norte hacia la Fiscalía Regional de Valparaíso, la que ya tiene la indagatoria por presunto tráfico de influencias.
El abogado de Schafik Nazal, exdirector de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), quien se encuentra en prisión preventiva por la causa de la "Operación Topógrafo", pide que se discuta la remoción del INDH como querellante en la nueva arista o bien la representación, como defensa de una de las víctimas, del consejero Francisco Ugás.
En los miles de mensajes periciados por la PDI se encontraron 10 conversaciones, entre ellas con miembros de la Corte Suprema, el exjefe de inteligencia del Ejército y políticos, ligadas a la investigación de la Fiscalía sobre la denominada Operación Topógrafo. En esta, además, se expusieron los memes, noticias y afiches que el exjuez de la Corte de Apelaciones de Santiago enviaba.
“Es necesario, en primer lugar, decretar diligencias, establecer si los hechos efectivamente habrían ocurrido y si esos hechos, tal como ocurrieron, se encuadran dentro de un tipo penal. Es una investigación que recién se está iniciando", indicó el jefe del Ministerio Público.
Según reveló un análisis de la PDI, el 6 de marzo del 2020, el exjuez de la Corte de Santiago le informó al entonces ministro de Defensa, Alberto Espina, -hoy consejero del CDE- que había cumplido con lo solicitado, haciendo referencia a la apelación del Ejército sobre la orden de retirar una imagen de Manuel Contreras y que había sido declarada inadmisible.
El requerimiento presentado por el Ministerio Público fue ingresado luego de que la Corte Suprema quitara la prisión preventiva en contra de Juan Antonio Poblete por falta de este mismo.
El exjuez Juan Antonio Poblete fichó nueva defensa, encabezada por el exdefensor público Octavio Sufán, y ahora arremete contra el actuar "ilegal y arbitrario" que lo privó de libertad. Para quedar sujeto a alguna medida cautelar, como indican en el recurso de amparo, debió antes solicitarse y tramitarse una querella de capítulos en su contra. Por lo mismo, piden su inmediata liberación. "Es el único remedio procesal posible para poner fin al acto ilegal que importa una privación a la libertad personal”, aseguran.
El ex jefe de la DINE Schafik Nazal Lázaro y el exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Juan Poblete Méndez fueron acusados de 12 delitos de interceptación ilegal de comunicaciones y otros siete por falsificación de instrumento público. Se fijó un plazo de 180 días para la investigación.
