El jefe de la diplomacia para las Américas, Brian Nichols, denunció que se soliciten dichas penas "con acusaciones falsas para silenciar atroces condiciones carcelarias para manifestantes pacíficos”. El gobierno cubano, que afirma que las protestas fueron orquestadas desde Estados Unidos, no ha comunicado ninguna sentencia, ni ofrecido información sobre estos juicios.
De las 355 víctimas mortales registradas entre el 18 de abril de 2018 y el 31 de julio de 2019, 340 son hombres (incluidos 23 agentes de la policía nacional) y 15 mujeres. En el anterior cómputo se tomaba en consideración solo el género pero en la actualización se ha añadido la edad. Según este condición, entre los 355 muertos hay 27 niñas, niños y adolescentes, afirma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 2018 estallaron protestas que pedían la dimisión del presidente Daniel Ortega, quien llegó al poder en 2007 y fue reelegido el pasado domingo para un nuevo mandato en unas elecciones tachadas de “farsa” por parte de la comunidad internacional.
La policía cubana detuvo a Manuel Cuesta Morua, de 58 años, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática, a la líder del movimiento disidente Damas de Blanco, Berta Soler, y su marido, el expreso político Ángel Moya. Otro disidente, Guillermo Fariñas, está detenido desde el viernes. En tanto, el dramaturgo Yunior García, de 39 años, fundador del grupo Archipiélago y punta de lanza de una nueva generación de disidentes cubanos impulsada por el auge de las redes sociales, seguía este lunes impedido de salir de su casa por agentes de seguridad.
“Tenemos patria y defendemos la vida y seguimos siendo de patria o muerte, venceremos”, dijo el mandatario Miguel Díaz-Canel al rechazar una marcha de los opositores para el 15 de noviembre, levantando el tono de voz al cerrar la sesión de la Asamblea del Poder Nacional, el parlamento isleño, al cual también asistió su predecesor, Raúl Castro. Los líderes disidentes señalaron que la manifestación busca ser cívica, en demanda de la liberación de presos -sobre todo los encarcelados durante unas protestas inusuales de julio pasado- y para demandar el respeto a los derechos humanos. También rechazaron que estuvieran orientados o financiados desde el extranjero.
Los parientes de los políticos detenidos demandaron este jueves al gobierno de Daniel Ortega que les permita “verlos y saber dónde están y cómo están”, y que les autorice el ingreso de alimentos y medicinas a la cárcel de El Chipote, donde se cree que fueron recluidos. Los familiares de los disidentes, varios de ellos aspirantes a la presidencia en las elecciones del 7 de noviembre, dijeron temer por su su integridad física. El presidente Ortega se refirió por primera vez a los arrestos masivos de opositores y aseguró que no fueron detenidos “por ser candidatos” sino por ser “criminales” y “agentes del imperio yanqui”, que preparaban “otro golpe de Estado” para derrocarlo.
La resolución, patrocinada entre otros países por Chile, fue adoptada por 26 de los 34 miembros activos del bloque regional. Argentina y México se abstuvieron. Managua declaró "inadmisible” el texto adoptado y acusó una “acción de injerencia”.
Durante conmemoración del plebiscito, Mandatario también destacó durante su discurso -que fue valorado en el oficialismo- que ese día "el régimen militar honró su compromiso".
Entre los más emblemáticos están el alcalde de Irribarren, Alfredo Ramos, detenido a fines de julio y condenado a 15 meses de cárcel, y una docena de policías del municipio Chacao.
Entre los más emblemáticos están el alcalde de Irribarren, Alfredo Ramos, detenido a fines de julio y condenado a 15 meses de cárcel, y una docena de policías del municipio Chacao.
Se trata de personas arrestadas durante las protestas que exigieron la salida de Maduro en 2014.
Esto ocurre una semana después de la detención de centenares de personas durante grandes protestas organizadas por el líder opositor, Alexei Navalny.
[Tormenta política] Desde bloqueo de salarios hasta falta de recursos para hacer fotocopias. La mayoría opositora en el Congreso venezolano vive en carne propia los embates del chavismo y la crisis.
Las conversaciones terminaron la madrugada de este lunes con un acuerdo para bajar de tono la encendida retórica de los últimos días e instalar cuatro mesas de trabajo sobre temas que van desde derechos humanos a economía.
Las conversaciones terminaron la madrugada de este lunes con un acuerdo para bajar de tono la encendida retórica de los últimos días e instalar cuatro mesas de trabajo sobre temas que van desde derechos humanos a economía.
