El anuncio de cierre de un acceso de la estación Cal y Canto permite ilustrar en toda su magnitud los enormes costos que conlleva para la ciudadanía cuando se renuncia a restituir el orden público y permitir que las incivilidades o la delincuencia se adueñen de los entornos.
La propuesta, que vuelve a surgir ante una seguidilla de delitos violentos, ha tenido anteriormente cuestionamientos tanto del comandante en Jefe de la institución, Javier Iturriaga, como de su par de la Fuerza Aérea (FACh), Hugo Rodríguez.
El subsecretario del Insterior, Manuel Monsalve, encabezó esta jornada una reunión para planificar el despliegue policial y de las diversas instituciones del Estado para la fecha.
“Materia de orden público en lugares, en poblaciones, tiene que ver con tareas de las policías", argumentó Maya Fernández.
La ministra del Interior se refirió a lo discutido en el Cosena, la semana pasada, sobre la Ley de Infraestructura Crítica. Al respecto, explicó que el proyecto busca "desplegar un perímetro de seguridad por parte de militares" en los "lugares donde hay infraestructuras importantes que prestan servicios de alto impacto en la población".
Por otro lado, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, afirmó que era inconveniente “establecer estados de excepción constitucional en las en zonas urbanas”. La instancia se extendió por más de dos horas.
Tras la vulneración del "área primaria" de Palacio en la manifestación del 10 de septiembre, la policía uniformada pidió al personal de las escuelas de Suboficiales y de Especialidades disponer de efectivos para cumplir estos servicios. En tanto, el gobierno se querelló contra los detenidos, tres de ellos, identificados por personal de Inteligencia de la institución.
El subsecretarito del Interior, Manuel Monsalve, detalló que el Palacio de La Moneda terminó con seis ventanales quebrados, dos rayados y daños estructurales al Centro Cultural. Además, se refirió a los incidentes en la Romería y los tildó como "grupos organizados" que tiene el objetivo de generar hechos violentos.
Además de la sanción de dos días de arresto, el coronel Wildo Matus fue castigado con el traslado a labores administrativas a otro departamento. La medida generó molestia en sus subalternos y compañeros de generación, pues dicen nunca haber visto una sanción de este tipo. Además, advierten sobre lo poco que queda para septiembre, mes que estará marcado por eventos públicos y protestas.
El coronel Wildo Matus fue amonestado con dos "días de arresto", lo que se traduce en la práctica en una anotación negativa en su hoja de vida. Esto lo imposibilita para ascender a general, lo que tiene en un tenso ambiente a los efectivos encargados de resguardar los espacios públicos, a 20 días de septiembre, un mes que los tendrá abocados en un 100% a servicios operativos por las conmemoraciones y protestas vinculadas a los 50 años del Golpe Militar. El gobierno, a través de la delegada presidencial, Constanza Martínez, se reunió con la policía uniformada para empezar a preparar lo que serán esos días.
Según el gerente de la encuestadora, Roberto Izikson, los costos políticos de la crisis los estaría asumiendo la ministra del Interior, toda vez que el respaldo al Presidente Boric se mantuvo inalterable en 30%.
