Emily Mendrala, subsecretaria de Estado adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, dijo que Estados Unidos “usará todas las herramientas diplomáticas y económicas a su alcance” para “promover la rendición de cuentas del gobierno” de Ortega y “quienes facilitan los abusos que se cometen”.
El Presidente de Nicaragua iba a realizar una ceremonia de juramento ante el Parlamento en la plaza de la Revolución, en el antiguo centro de Managua.
Poco antes que el presidente de EE.UU., Joe Biden anunciara la prohibición del ingreso a territorio estadounidense del mandatario nicaragüense, su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, sus ministros y varios otros funcionarios, el Parlamento del país centroamericano, controlado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, instó a Ortega, “en su condición de jefe de Estado, a que denuncie la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA)”. El pedido fue aprobado por 83 de 87 diputados. Denunciar la Carta implica retirarse del organismo.
De las 355 víctimas mortales registradas entre el 18 de abril de 2018 y el 31 de julio de 2019, 340 son hombres (incluidos 23 agentes de la policía nacional) y 15 mujeres. En el anterior cómputo se tomaba en consideración solo el género pero en la actualización se ha añadido la edad. Según este condición, entre los 355 muertos hay 27 niñas, niños y adolescentes, afirma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 2018 estallaron protestas que pedían la dimisión del presidente Daniel Ortega, quien llegó al poder en 2007 y fue reelegido el pasado domingo para un nuevo mandato en unas elecciones tachadas de “farsa” por parte de la comunidad internacional.
El proyecto de resolución fue impulsado por Estados Unidos, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, Uruguay y Antigua y Barbuda y pide al Consejo Permanente del organismo que haga “una evaluación colectiva inmediata, a más tardar el 30 de noviembre y tome las acciones apropiadas”. El representante de Nicaragua, Michael Campbell manifestó que su país "merece respeto, no sanciones ni amenazas, no bloqueos ni actitudes belicosas”. Afirmó que las elecciones presidenciales se desarrollaron “en medio de intervenciones económicas, mediáticas y organizativas y frente a crueles amenazas y acciones desestabilizadoras”.
El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, manifestó que el organismo no mandará al país centroamericano observadores electorales, puesto que el “señor presidente, Daniel Ortega, ya se encargó de encarcelar a todos los opositores políticos que se presentaban a las elecciones”. Sin embargo, el gobierno del mandatario sandinista -que aspira a su cuarto mandato, el segundo con su mujer Rosario Murillo como vicepresidenta-, ha asegurado que todas estas detenciones se han llevado a cabo conforme a la ley.
“Gracias al presidente Vladimir Putin (...) estamos juntos en la lucha por la paz, la soberanía y la justicia”, expresó el presidente nicaragüense durante la entrega de un lote de 250 autobuses rusos a cooperativas de transporte, a 12 días de las elecciones en las que busca su cuarto mandato consecutivo. Al mismo tiempo, acusó a Estados Unidos de tratar de dominar a su país lanzando “todo tipo de calumnias, mentiras e infamias”, y de hacer lo mismo con Rusia, China “e incluso con sus aliados europeos”.
En una carta al secretario de Estado, Antony Blinken, los legisladores urgieron al gobierno de Joe Biden a aplicar contra el mandatario nicaragüense el arsenal de medidas punitivas previstas en la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018, conocida como NICA Act, y el proyecto de ley RENACER, aprobado por el Senado en agosto. En la misiva, los senadores señalaron que desde mayo el gobierno de Ortega ha acosado y encarcelado a más de 150 líderes de la oposición, incluyendo cinco candidatos presidenciales.
Un tribunal dispuso en el segundo día de audiencias contra 34 opositores presos, enjuciar a los candidatos presidenciales Félix Maradiaga, Arturo Cruz y Juan Sebastián Chamorro, según un comunicado del Ministerio Público. El gobierno del presidente sandinista Daniel Ortega, en el poder desde 2007 y en busca de un cuarto periodo, considera que los opositores detenidos buscan derrocarlo con el apoyo de Estados Unidos.
En entrevista con La Tercera, el Presidente uruguayo asegura que en su país la alternancia del poder está consolidada y califica a Uruguay como de “centro”. También aborda el manejo de la pandemia: “Nunca creímos que la cuarentena obligatoria era viable”.
Ante la retórica de manipulación electoral en los últimos comicios regionales, los ojos están puestos sobre Argentina, Nicaragua y Brasil.
“Ya nadie está seguro. (Quedarse) no tenía sentido, me iban a llevar presa o me iban a deportar”, dijo durante una entrevista en Telenoticias, popular noticiero de Costa Rica, la presidenta del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) de Nicaragua, Carmella Rogers, conocida como Kitty Monterrey. A la dirigente de 71 años, de padre estadounidense y madre nicaragüense, le fue anulada la semana pasada su cédula de identidad nicaragüense y, dos días después, le cancelaron su pasaporte como nacional. La acciones contra CxL y la salida de Monterrey ocurren a tres meses de las elecciones presidenciales y cuando el gobierno sandinista ha detenido a 32 opositores, a quienes acusa de traición a la patria.
El Alto Representante de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, admitió la posibilidad de aplicar nuevas “medidas restrictivas” al gobierno sandinista. “La situación ha llegado a un extremo tal que los Estados miembros tendrán que estudiar acciones más concretas”, dijo en alusión a los llamados de la UE al diálogo. El eurodiputado español, Leopoldo López Gil afirmó que en Nicaragua hay más de 120 “presos políticos” y que el presidente Ortega “ha radicalizado la represión con unas leyes aberrantes”. “Europa debe tomar acciones inmediatas y no permitir esta escalada; la UE debe sancionar a los perpetradores de los crímenes que hasta ahora han sido impunes, comenzando por el propio Ortega y su mujer (la vicepresidenta) Rosario Murillo”, afirmó López.
Las denuncias fueron realizadas por la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) y el Movimiento Campesino del país centroamericano, donde hasta el momento 21 políticos y periodistas independientes han sido aprehendidos en la última oleada represiva, incluidos cuatro precandidatos presidenciales, que el gobierno de Daniel Ortega ha iniciado contra disidentes a meses de las elecciones presidenciales.
