Al imputado, identificado por las iniciales R.J.C.Z., se le incautaron siete poleras que tenían las insignias de la sección antidrogas OS-7 de la referida institución policial.
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Sujetos de nacionalidad peruana, llevaban en un bus interurbano 37 kilogramos de droga, 27 en formato semilíquido al interior de estos contenedores, mientras que el resto estaba distribuido en distintos equipajes con doble fondo.
El Ministerio Público recibió 24 horas antes el registro publicado por Ciper de manera íntegra y a partir de eso abrió una investigación, donde se pidió al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago allanar las casas de los tres imputados. Sin embargo, sólo accedió a la que tenía que ver con el empresario Daniel Sauer.
El Ministerio Público busca confirmar cada uno de los dichos registrados en la conversación grabada entre el abogado Luis Hermosilla, la abogada Leonarda Villalobos y el empresario Daniel Sauer. Para eso, el ente persecutor inició un maratónico interrogatorio a la mujer investigada para que profundice en lo que se habló en la cita y así evitar que el audio sea el único medio de prueba con miras a comprobar el pago de coimas, en un caso que sacude al mundo judicial y económico.
El individuo, quien posee antecedentes policiales, llevaba la droga en las puertas y en el maletero de un vehículo. Personal del OS-7 de Carabineros fiscalizó el móvil y, con la ayuda de canes antidrogas, se detectaron las sustancias ilícitas.
La Segunda Sala del máximo tribunal rechazó un recurso de nulidad presentado por la defensa de un condenado por arrojar una bomba molotov en Plaza Baquedano, en noviembre del 2019, en que reclamaba la ilegalidad de la detención del joven por parte de personal "infiltrado" del OS-7 de Carabineros.
En los equipos que indagan casos de drogas, robo de vehículos y agrupaciones de crimen organizado, se encendieron las alarmas a partir de un discurso del 24 de noviembre del general director, Ricardo Yáñez. Allí señaló que estas unidades solo tenían a su cargo el 5% del trabajo policial de la institución, lo que no cayó bien en estas ramas.
Fueron $ 15 millones los que desataron la pugna entre ambos grupos dedicados al tráfico de drogas en la zona suroriente de la Región Metropolitana, quienes se vieron las caras el pasado 26 de junio en el centro de eventos ubicado en Huechuraba. El OS-7 de Carabineros interceptó teléfonos y siguió los pasos del líder de una de estas agrupaciones delictuales, quien tiene un patrimonio de $ 2 mil millones distribuidos en casas, centros de eventos y 26 "soldados" bajo su mando.
La Fiscalía Regional de Antofagasta y el OS-7 de Carabineros detuvieron a cuatro personas que integraban una supuesta organización dedicada al tráfico de marihuana y cocaína desde Bolivia a Antofagasta, para luego transportarla hasta Santiago. Wladimir Pizarro es el principal imputado, pues era funcionario de la Delegación Presidencial y uno de los encargados del programa de drones en la región.
El Ministerio Público accedió a los elementos tecnológicos que Juan Pablo Pirce (39) mantenía en su domicilio el día del allanamiento. Se busca determinar si accedió o no a información reservada -dado su trabajo en el Juzgado de Garantía de Traiguén- y así obstruir investigaciones de violencia rural en la Macrozona Sur. Se pidió información al Poder Judicial y la Dirección de Control de Drogas e Investigación Criminal de Carabineros creó un equipo para analizar el material requisado.
Se intervinieron 11 poblaciones de nueve ciudades, donde el OS-7 de la policía uniformada y unidades de apoyo trabajaron en prevenir y perseguir delitos de narcotráfico.
En las diligencias participaron aeronaves de la prefectura aérea de carabineros, así como patrullajes de infantería que permiten facilitar la búsqueda.
Lo que comenzó con el aviso de que personas ingresarían al país con una cantidad indeterminada de drogas al territorio chileno, terminó con la detención de Reimer Kohlitz que permanecía prófugo de la justicia por dos años.
Gracias a la estrategia antidroga que se realiza en tres líneas de control, los uniformados detuvieron a tiempo el desplazamiento de dos importantes cargamentos de droga que se dirigían a la Región Metropolitana para ser comercializada.
La droga, que era transportada desde Santiago, equivale a 7.000 dosis, avaluadas en 105 millones de pesos.
