Aunque se desconoce la identidad del occiso, se ha establecido que éste era de sexo masculino y de 35 años de edad aproximadamente.
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El ente fiscalizador detectó sobreprecios, pagos sin respaldo y otras irregularidades que derivaron en la orden de restitución de más $45 millones a los municipios de Andacollo y Salamanca.
La mujer había sido detenida el año pasado, sin embargo, quedó en libertad luego de pagar una caución. Pese a que la Corte de Apelaciones de La Serena revirtió esta última decisión y ordenó que volviera a prisión preventiva, la acusada permaneció prófuga.
Se le imputaron dos delitos de homicidio frustrado, además de porte ilegal de arma de fuego, disparos injustificados y maltrato animal.
Los hechos ocurrieron durante la tarde del viernes, cuando la madre del menor de edad y su hermano mantuvieron una discusión. Tras ello, el tío del niño se alejó del lugar y regresó con un arma de fuego que utilizó contra ellas.
El crimen ocurrió durante la madrugada de este martes, al interior de un domicilio donde también se encontraban sus tres hijos en común. El fiscal Rodrigo Gómez confirmó que, tras tomarle declaración al propio imputado, este reconoció su participación en los hechos.
El hecho inició en el interior de una celda y fue controlado por funcionarios de Gendarmería y personal de Bomberos.
Según información proveniente desde la atención de urgencia, la víctima, de nacionalidad venezolana, había recibido un disparo en su zona abdominal.
Las presentaciones se dividen en dos tramos, recorriendo la zona norte y sur del país. Consulta a continuación todos los detalles.
Las presentaciones parten a mediados de octubre y se extenderán hasta los primeros días de noviembre, previo a la cruzada solidaria.
La Fiscalía de Coquimbo informó que 14 de las 22 personas formalizadas ya se encuentran en cumplimiento de la medida cautelar, mientras que una imputada está actualmente con las medidas de arresto domiciliario total y arraigo nacional.
Johan Pérez, junto a otros 22 sujetos, fueron detenidos tras un megaoperativo de la PDI, que significó la incautación de más de 1600 kilos de cannabis. Sin embargo, tras pagar más de $40 millones, los aprehendidos quedaron en libertad.
Un fallo judicial de un juez de garantía de Ovalle desató un debate que escaló al mismo gobierno: si una banda de traficantes de esa comuna merecía o no quedar en prisión preventiva. Los antecedentes de la banda bastan para algunos, pero para otros, la intromisión del mundo político en una decisión judicial puede sentar un precedente negativo.
En primera instancia, el Juzgado de Garantía de Ovalle ordenó la libertad de los sujetos imputados por asociación ilícita para el tráfico de drogas, tráfico ilícito de drogas y lavado de activos, previo pago de una fianza de $ 2 millones por cada uno de ellos.
El magistrado Luis Alberto Muñoz Caamaño dejó libre a 23 personas tras el pago de una caución de $2 millones cada uno. Si bien la Corte de Apelaciones revirtió la decisión, el gobierno criticó duramente al juez de Ovalle. Ayer, la ministra Tohá señaló que los equipos jurídicos del gobierno evaluarán pedir la inhabilidad de Muñoz en esa causa. Eso sí, no es el único fallo polémico del juez.
