El persecutor regional de Coquimbo, Patricio Cooper, estará a cargo de las investigaciones tras la querella interpuesta por la Fundación Fuerza Ciudadana, en la que solicita indagar el presunto delito de fraude al Fisco que se habría producido en la frustrada adquisición de la propiedad de Guardia Vieja.
Inicialmente, la investigación estaba radicada en la Fiscalía Centro Norte y a cargo del jefe de esa repartición, el fiscal Xavier Armendáriz. Ahora, asumirá la indagatoria el fiscal Patricio Cooper, a cargo del Ministerio Público en la Región de Coquimbo.
Equipo liderado por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, citó a declarar esta jornada a 24 personas que fueron parte de la cuestionada fundación. Tres de ellas decidieron guardar silencio.
La decisión fue adoptada por el jefe del Ministerio Público, Ángel Valencia, y se fundamenta en “la naturaleza, complejidad y gravedad de los hechos indagados”, además de los acontecimientos ocurridos en la audiencia del pasado lunes, cuando el Juzgado ordenó modificar la prisión preventiva a cinco integrantes de la banda criminal, tras solicitud del ente persecutor.
En carta, Andrés Longton, José Miguel Castro y Diego Schalper cuestionan la actuación del Ministerio Público durante la audiencia en Los Vilos, donde participó un abogado asistente en vez del fiscal titular.
La resolución del máximo persecutor alude a la complejidad del caso y a los altos montos involucrados en la transacción. De acuerdo con lo expuesto, en medio del caso se pesquisa un “plan para perfeccionar” el contrato de compraventa entre la Municipalidad de Santiago e Inmobiliaria San Valentino.
El fiscal Patricio Cooper ofició a la alcaldesa de Santiago para que remita documentos y tasaciones relacionados a las adquisiciones efectuadas en 2021 y 2022. Asimismo, se pedirán nuevos antecedentes sobre el patrimonio del dueño de la exclínica, luego de que la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía determinara que no registra pago de impuestos y que sus ingresos no estarían justificados.
El fiscal Patricio Cooper realizó unas serie de diligencias enfocadas en indagar la supuesta comisión de delitos asociados al tráfico de influencias, luego de que la diputada RD interpusiera una autodenuncia en la Fiscalía. Tres meses después, el Ministerio Público decidió no continuar con la causa al no detectar la existencia de un ilícito, aunque sí hizo un alcalce moral. El expediente de la causa revela declaraciones, mensajes y versiones contrapuestas.
Durante la jornada efectivos de la PDI se llevaron computadores, celulares y dispositivos tecnológicos desde los inmuebles que habitan los tres arquitectos que valorizaron en más de $8 mil millones la exclínica Sierra Bella. Es la primera medida intrusiva visada por un tribunal en la investigación que dirige el fiscal Patricio Cooper.
Como indicó Felipe Sánchez a La Tercera, hizo la solicitud "en aras de la transparencia y el respeto a mis garantías constitucionales". De acuerdo con lo resuelto por el juez Mario Cayul, la cita se desarrollará el próximo 29 de mayo a las 10.00 horas.
El investigador Patricio Cooper solicitó a la Fiscalía Oriente saber si hubo comunicaciones de esa jurisdicción con la policía uniformada el día de la detención del exfutbolista en Vitacura, además, de saber si hubo o no contactos con la diputada de RD. También, el persecutor tomó declaración al subdirector de Carabineros, el general Marcelo Araya.
El fiscal Patricio Cooper de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte dio curso a las diligencias luego de recepcionar la auto denuncia de la parlamentaria de Revolución Democrática.
Luego de asumir la investigación por presuntos delitos de estafa en medio de la transacción entre el municipio y la inmobiliaria San Valentino, el fiscal Patricio Cooper instruyó las primeras primeras diligencias. Dictó orden de investigar a la Brigada Anticorrupción de la PDI y solicitó una serie de informes a instituciones públicas. Por su parte, uno de los abogados querellantes, Aldo Duque, pidió al Ministerio Público tomar declaración a tres concejales y un perito de la Corte de Apelaciones.
