Las tres personas ya formalizadas en esta investigación tienen en común la militancia en el extinto partido Revolución Democrática y su relación con la diputada.
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Los abogados del mandamás de la disuelta fundación son claros en sostener que es completamente irregular que el Ministerio Público persiga responsabilidades por un fraude que ascendería a $426 millones, en circunstancias que solo se utilizaron -a juicio de ellos de forma regular- $131.615.700. Por lo mismo, hicieron entrega pormenorizada de los gastos e insistieron en que la otrora diputada RD no tuvo participación en tratos.
De acuerdo con lo planteado por el exseremi de Vivienda de Antofagasta, se habría omitido información relevante por parte del Ministerio Público. Por lo mismo, desde su defensa insisten en que si bien los seremis son quienes ejecutan los convenios, la facultad para elegir a las fundaciones recae en otras autoridades.
Por disposición del Juzgado de Garantía de Antofagasta, la diligencia se desarrollará el próximo 18 de julio. En la jornada de este martes, en tanto, la misma instancia revisará las medidas cautelares que pesan sobre el exmandamás de la disuelta fundación.
La revisión de medidas cautelares de la imputada se dio luego de que personal de carabineros informara que la profesional no había atendido a sus llamados en tres oportunidades. Ministerio Público había solicitado que se le decretara prisión preventiva.
La exfuncionaria de la seremi de Vivienda no atendió al personal policial que en tres ocasiones intentó verificar que estaba en su domicilio. Por lo mismo la Fiscalía Regional de Antofagasta, atendido el informe de Carabineros, solicitó revisar su actual medida cautelar.
En la audiencia de formalización de la también exfuncionaria de la Seremi de Vivienda de Antofagasta el tribunal ordenó que la prensa no podía tomar imágenes del rostro de la imputada, algo que según la justicia no se respetó, por lo cual ordenó a la Fiscalía abrir una investigación por el delito de desacato.
La exfuncionaria de la Seremi de Vivienda de Antofagasta -suspendida militante de Revolución Democrática- es investigada por haber “asistido” a Carlos Contreras en la elección de la Fundación Democracia Viva. La sicóloga se queja de que “los compañeros de Santiago u otras regiones se dejaron llevar por la presión mediática y política del momento”.
El tribunal de alzada confirmó las nuevas medidas cautelares decretadas por el Juzgado de Garantía de Antofagasta el pasado 4 de marzo, cuando cambió la prisión preventiva de la exfuncionaria de la Seremi de Vivienda por arresto domiciliario total y arraigo nacional.
La Segunda Sala del tribunal de alzada rechazó los recursos de apelación presentados en contra de la resolución que dejó sin efecto la prisión preventiva que cumplía la imputada.
El Ministerio Público apunta en su recurso que hasta ahora no existen nuevos antecedentes que permitan cambiar la medida cautelar de la suspendida militante de RD y exfuncionaria de la Seremi de Vivienda acusada de fraude al Fisco.
El Juzgado de Garantía de Antofagasta accedió a revocar su prisión preventiva.
En medio de su declaración, la exencargada territorial de la diputada Catalina Pérez aclaró cuáles eran las labores que cumplía al interior de la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Así, descartó haber influido en pos de una fundación en particular y recalcó que todas las determinaciones eran revisadas y ejecutadas por las jefaturas. Negó, además, cualquier tipo de relación estrecha tanto con el exseremi Carlos Contreras como con Daniel Andrade.
La suspendida militante de Revolución Democrática declaró por más de cuatro horas el pasado miércoles 28 de febrero y, tras ello, sus abogados reclaman que se estaría dilatando por vía administrativa la medida cautelar que la mantiene privada de libertad.
La concejal habría operado para favorecer a determinadas fundaciones con las que tenía afinidad política, en su calidad de funcionaria de confianza de Carlos Contreras, el exseremi del Minvu de Antofagasta, formalizado y en prisión preventiva hace un mes.
