La reunión del organismo fue convocada por su secretario general, Luis Almagro, luego de la solicitud del mandatario peruano Pedro Castillo de aplicar la Carta Democrática, señalando que con ello busca “preservar la institucionalidad democrática y el legítimo ejercicio del poder”.
La titular del Ministerio Público presentó una denuncia constitucional ante el Congreso en contra del mandatario, por presunto tráfico de influencias, abuso de poder y otros delitos.
En concreto, el congresista José Williams hizo referencia al deterioro que estaría sufriendo el Estado a causa de los nombramientos que el mandatario está haciendo con los ministros que forman su gabinete, entre los que destacan tres ministros de Exteriores en dos meses, dos ministros de Transportes y Comercio en seis meses, o siete ministros del Interior en un año.
Benji Espinoza, abogado del mandatario Pedro Castillo, apelará a la decisión judicial que permitió a la policía incautar algunas de las cámaras de seguridad. Asimismo, afirmó que “los únicos jueces competentes para autorizar esta medida son los de segunda instancia, es decir, del Tribunal Supremo”.
En concreto, los registros audiovisuales que el equipo del Ministerio Público confiscó tienen que ver con la presunta pérdida de información de las grabaciones cuando los persecutores allanaron la residencia presidencial para detener a la cuñada del presidente Pedro Castillo, Yénifer Paredes, el pasado 9 de agosto.
El mandatario venezolano acusó la “falta de liderazgo” de la Convención, y la prensa peruana advirtió que lo ocurrido en Chile puede pasarle a Pedro Castillo, en caso de insistir en promover una Asamblea Constituyente.
El gobierno de Pedro Castillo instruyó una vez más al Ejército para apoyar a la Policía Nacional con el fin de contener la inseguridad, descrita por el primer ministro Aníbal Torres como “uno de los más grandes problemas”. La medida llega en el marco de un estado de emergencia, herramienta constitucional prorrogada numerosas veces desde que se instauró en febrero pasado.
Los fiscales buscan probar que Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo, forma parte de un grupo que se dedica al tráfico de influencias, con el fin de asignar contratos públicos a los aliados del mandatario en su región natal de Cajamarca.
Fueron 17 años los que Antauro Humala, hermano del expresidente Ollanta Humala, pasó en la cárcel. Este sábado 20 de agosto salió del centro penitenciario y, según su abogada, es posible que vuelva a la política. Con una ideología ligada al extremismo nacionalista que busca enaltecer lo que llama la “raza cobriza” y, al menos hace años atrás, declarar a Chile como un enemigo de Perú, el etnocacerismo resurge en Perú.
El hermano del expresidente Ollanta Humala y líder del movimiento etnocacerista quedó en libertad después de cumplir 17 años y cinco meses de prisión por el asesinato de cuatro policías en 2005. Su excarcelación ha inquietado al país ante la posibilidad de que resurja como un político influyente.
La fiscalía se encuentra investigando tanto al Presidente peruano como a su entorno y sus familiares, desde su esposa hasta sus cuñados. Habría 15 pesquisas en contra de ellos.
La fiscalía abrió una nueva investigación contra el mandatario, esta vez por "organización criminal". El anuncio llegó justo cuando se supo que Castillo ordenó la dilatación del arresto de su cuñada, Yenifer Paredes, quien supuestamente se escondía en el Palacio de Gobierno.
Luego que la justicia ordenara la captura de Yenifer Paredes, hermana de la primera dama, por supuesta pertenencia a un grupo criminal para lavar activos que sería liderado por el mandatario, la mujer se entregó a la fiscalía. Otros miembros del círculo familiar de Castillo también integrarían esta red.
Si el presidente acepta la dimisión de Aníbal Torres, todos los jefes de cartera deben presentar su renuncia para que Pedro Castillo los ratifique o cambie. La situación agrava la crisis política en Perú, a un año del inicio del actual gobierno.
