La Mandataria Dina Boluarte anunció que los nueve decesos registrados hasta ahora en ese departamento peruano se investigarán también en la justicia militar. Expertos critican medida, ya que aseguran que violaciones a derechos humanos son solo competencia del fuero civil.
Las investigaciones que involucran a la exprimera dama, Lilia Paredes, y su hermana, Yenifer Paredes, por presunta organización criminal, lavado de activos y colusión agravadas no son un impedimento para que se acojan a dicho beneficio, le señaló la canciller peruana a Dina Boluarte.
La última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) señala que 7 de cada 10 consultados están en desacuerdo con que Dina Boluarte haya asumido la presidencia del país.
La secretaria de Estado se refirió a la reciente salida de Pedro Castillo, manifestando que tuvo “muchos obstáculos” para ejercer su mandato. Además, expresó que están a la espera para que “se abra una ventana” para sacar a ciudadanos chilenos varados en Perú.
Las últimas muertes han ocurrido en medio de las intensas manifestaciones que se extienden en todo Perú tras la destitución y detención del expresidente Pedro Castillo, el pasado 7 de diciembre.
Desde la destitución del Presidente Pedro Castillo, el país se encuentra sumido en un estallido social, que ya ha dejado al menos 20 muertos. Pero el malestar va más allá.
Según un sondeo realizado por el estudio de opinión IEP, solo un 13% de los consultados apoya que Dina Boluarte finalice el período presidencial en 2026.
Los parlamentarios Cristián Labbé y Cristhian Moreira, integrantes de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, expresaron que “creemos que son justamente estas decisiones las que nos permiten reafirmar que las relaciones exteriores deben tratarse como una política de Estado y, de ningún modo, pueden responder a la postura ideológica de la administración de turno”.
El líder etnocacerista conversó con La Tercera tras la destitución de Pedro Castillo y en medio de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. De posiciones radicales, no esconde sus pretensiones de postular a la Presidencia, su visión antichilena, ni tampoco su deseo de aplicar medidas tan radicales como fusilar a Ollanta, su hermano. “Boluarte es la Presidenta de Perú, pero no es legítima”, dice. “Castillo es el epílogo de algo más monstruoso que vive el país desde hace un tercio de siglo”, concluye.
En tanto, los ministros de Cultura y Educación del gobierno de Dina Boluarte renunciaron a sus puestos, alegando que “la muerte de connacionales no tiene justificación alguna”.
Fiscalía lo investiga por “rebelión” y otros presuntos delitos, tras intentar disolver el Congreso que le costó la destitución. Al leer su resolución, el juez supremo Juan Carlos Checkley señaló que existen graves y fundados elementos de convicción de presunta conspiración en que habría incurrido el derrocado gobernante.
Con el cierre de aeropuertos, turistas nacionales e internacionales han quedado varados, mientras las autoridades buscan una salida al conflicto. “Aquí nos vamos todos. Ejecutivo y Legislativo”, reiteró la Presidenta Dina Boluarte sobre el debate para adelantar las elecciones.
"Rechazamos el entramado político creado por las fuerzas de derecha de ese país en contra el Presidente Constitucional”, dijeron los 10 países miembros del grupo, encabezado por Bolivia, Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Cortes de caminos, desórdenes y la muerte de al menos siete personas son algunas de las razones por las que el gobierno de Dina Boluarte estableciera la medida por 30 días. Manifestaciones se mantienen pese a que la mandataria dijo ahora que las elecciones pueden adelantarse a diciembre de 2023.
Tras recibir el texto que suscribieron otros países progresistas de la región, el gobierno chileno optó por restarse.
