La entidad presentó una querella criminal contra un exanalista de control de gastos y otros involucrados en un fraude ejecutado mediante la falsificación de mandatos notariales. Según la acción judicial, un grupo organizado accedió de forma indebida al sistema bancario para obtener información financiera y presentar documentos falsificados en distintas sucursales.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una ampliación de querella contra Álvaro y Antonio Jalaff Sanz, acusados de delitos tributarios cometidos entre 2020 y 2024. Según el SII, los hermanos habrían evadido más de $6.385 millones en impuesto global complementario. Álvaro Jalaff negó las acusaciones: "Existen todos los respaldos que explican los ingresos a mis cuentas”, afirmó.
Leonarda Villalobos y Rodrigo Topelberg ampliaron sus declaraciones ante la Fiscalía, revelando detalles sobre el caso de coimas, factoring y nexos políticos. Las nuevas confesiones vinculan a figuras como Andrea Molina, Tonka Tomicic y Álvaro Jalaff, desnudando una compleja red de irregularidades financieras y tributarias.
El exgerente comercial de leasing, Alfonso Straub Sanhueza, y el exgerente zonal de Viña del Mar, Guillermo Straub Sanhueza, presentaron dos demandas laborales, denunciando despido injustificado y persecución. Ambos son hijos del exgerente general Alfonso Straub von Chrismar, acusado por la compañía de un presunto fraude con perjuicios estimados en $12 mil millones.
Los primeros informes contables recibidos por la fiscalía revelan detalles adicionales sobre la disputa judicial entre Clínica Las Condes (CLC) y 24 médicos que demandaron a la compañía por impago de honorarios. El peritaje encargado por el Ministerio Público concluyó que de 2020 a 2023 la empresa pagó casi $8.500 millones a su personal médico. Mientras, abogados querellantes insisten en que CLC mantiene impagos millonarios montos.
El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el 22 de octubre la revisión de las medidas cautelares de Daniel y Ariel Sauer, socios de Factop, quienes permanecen en reclusión desde el 10 de abril. La defensa alega que han colaborado activamente en la investigación. Ambos están acusados de estafa, lavado de activos y otros delitos financieros.
La audiencia de formalización de este miércoles del presidente de Clínica Las Condes, Alejandro Gil, reveló nuevas tensiones en torno a la gestión del recinto durante la pandemia. El caso, que se da en torno a una querella calumniosa presentada por el exgerente general Fredy Jacial, expuso declaraciones clave y documentos hasta ahora reservados.
Manuel Guerra, defensor del ex gerente general de Primus Capital, acusado de protagonizar el fraude contra la empresa de factoring, dejó la defensa del ejecutivo, hoy detenido en Perú. Antes lo hicieron Juan Domingo Acosta y Mario Vargas. A ello se suma la renuncia de sus abogados laborales, quienes hace pocos días formalizaron el desistimiento de su demanda laboral.
Gustavo Hasbún (UDI), representado por el exparlamentario (PC) Hugo Gutiérrez, presentó esta semana una querella por los presuntos delitos de estafa, administración desleal, falsificación y uso malicioso de instrumento privado en contra de José Joaquín Jarpa Lagos y José Joaquín Jarpa Armijo. El ahora consultor de empresas asegura en la acción judicial que su sociedad, ISS SpA, fue utilizada por los querellados como testaferro ante la banca, lo que ha resultado en una deuda de $680 millones.
Su abogado, Álvaro Jofré, interpuso un recurso de amparo en contra del Ministerio Público por negarle información a través de una solicitud de Ley de Transparencia al presidente de Clínica Las Condes (CLC).
Las ministras Carolina Tohá y Maisa Rojas negaron haber influido en la evaluación de un proyecto sanitario en Quilicura, tras una querella presentada por la exseremi Patricia Hidalgo a fines de 2022. Tohá afirmó no haber dado instrucciones, el exministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson declaró no tener vinculación alguna con el proyecto; y Rojas sostuvo que nunca recibió comentarios sobre ese proyecto de parte de otros funcionarios. La delegada presidencial y su jefe de gabinete explicaron cómo y por qué se creó un grupo de WhatsApp con los seremis metropolitanos.
La Fiscalía Nacional Económica resolvió no presentar una acción penal en contra de un grupo de empresas de buses de La Araucanía condenadas por colusión. La autoridad sostuvo que “no resulta adecuado ni proporcionado ejercer la decisión facultativa de interponer una querella”. Se trata de la primera vez que la FNE justifica el abstenerse de presentar una querella en contra de empresas que actuaron coordinadas para obtener beneficios, contraviniendo la libre competencia, regulada en el Decreto Ley 211.
Se planeaba que fuera el centro de detención donde el narcotraficante colombiano tendría que cumplir su pena, tras evitar ser extraditado. Pero en realidad el recinto estaba lleno de lujos, entretenciones y libertades.
Según cifras del Poder Judicial, durante el 2015 una causa se demoraba en promedio 222 días. El año pasado esa cifra subió a 472 días. A juicio de los expertos, si bien la pandemia agudizó la situación, también existen razones de gestión y cambios en las causas penales que actualmente se tramitan.
El lateral del PSG definió a lo Panenka el último tiro en la tanda entre Marruecos y los hispanos. Su lanzamiento emula al de Sánchez en la final de la Copa América 2015, por su parecido en la ejecución. Claro que el héroe en la definición fue el golero Bono, quien tapó dos penales.
