A través de un artículo transitorio, el proyecto deja sin efecto los beneficios concedidos a partir del año 2021, en base a la acreditación realizada por el Instituto de Derechos Humanos (INDH), a personas que al momento del otorgamiento, o posteriormente, fueren condenados por delitos que merezcan pena aflictiva.
Durante tres meses se mantuvieron en reserva las identidades de a quienes el Ejecutivo suspendió el pago de por vida que habían adquirido por haberse declarado víctima de menoscabo durante el 18-O. Los casos son fiscalizados tanto por la Contraloría como por la Fiscalía Occidente y se buscan responsabilidades penales tras otorgarse el beneficio a personas condenadas por graves delitos como violación, abuso, robo, entre otros crímenes.
Las bancadas del Frente Amplio, del PC y Acción Humanista votaron en contra de la idea de legislar de la iniciativa presentada por diputados de oposición. Sin embargo, legisladores socialistas, liberales, radicales y del PPD aprobaron el texto con el fin de respaldar las enmiendas que presentó el gobierno.
El Mandatario fue acusado por Miguel Mellado (RN) de "destruir" el beneficio -por la entrega a afectados del 18-O con antecedentes- y Johannes Kaiser (independiente, exrepublicano) dijo que es un Presidente "que no acostumbra a decir la verdad".
Además, Consuelo Contreras, directora del INDH, señaló que "lo que ocurrió con este caso, es una muestra de lo importante que son las comisiones calificadoras".
Asimismo, se informó que el gobierno solicitará al CDE que evalúe las acciones legales pertinentes por obtención fraudulenta de beneficios estatales, además de buscar la restitución de fondos.
El organismo, además, presentó una denuncia ante el Ministerio Público al determinar que la persona mintió al declarar que había sido víctima de agresiones por parte de un agente del Estado. La institución dirigida por Consuelo Contreras comprobó que el supuesto afectado había sufrido un accidente de tránsito.
El Mandatario se refirió la mañana de este lunes al diálogo que sostuvo con el expresidente el 5 de febrero pasado, en que hubo un intercambio sobre la revocación de pensiones de gracia otorgadas a personas afectadas en el estallido social.
Durante cuatro horas la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos estuvo declarando al Ministerio Público, en calidad de testigo, en una investigación que evalúa eventuales delitos en la entrega de las pensiones de gracia, producto de las violaciones a los Derechos Humanos durante el estallido social.
La titular del Interior comunicó que en los próximos días las personas deberían ser informadas de que el beneficio "quedó sin efecto".
El subsecretario del Interior afirmó que no se sumarán nuevos decretos tras los 25 ingresados a Contraloría, pese a que la ministra Tohá había anunciado a principios de febrero que serían 27 las pensiones de gracia revocadas.
La Moneda hizo llegar anoche los documentos al ente fiscalizador, que tendrá hasta 15 días hábiles para tomar razón de esta medida. Ya antes se había hecho ingreso de uno de los casos que fueron revisados por la División Jurídica del Ministerio del Interior.
A casi dos semanas de abierta la investigación, a raíz del crítico informe de Contraloría, el Ministerio Público entró de lleno en las primeras diligencias, donde se intenta reconstruir por qué se entregaron fondos públicos a personas que no debían recibirlos. El caso, además, podría sumar un nuevo actor: el CDE, quienes solicitaron al fiscal regional Occidente, Marco Pastén, acceder a los antecedentes de la causa.
De todas maneras, desde RN señalaron que esta decisión del gobierno "va en el sentido correcto", pero lamentan que haya sucedido "después de que Contraloría emitiera un informe escandaloso que terminó acorralando al Ejecutivo".
Este martes La Moneda comenzó el envío de los decretos revocatorios a Contraloría para toma de razón. Hasta ahora, eso sí, sólo han ingresado uno de los casos al organismo. De acuerdo con abogados especialistas en derechos humanos, el Ejecutivo enfrenta un complejo escenario, pues incluso se expondrían a demandas internacionales.
