La comisión especial investigadora indagó el procedimiento y criterios para el otorgamiento de dichos beneficios a víctimas del estallido social.
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La iniciativa busca, además, aumentar la transparencia en el otorgamiento del beneficio, luego de que el subsecretario Monsalve confirmara que hay 40 personas beneficiadas que cuentan con antecedentes penales.
Los legisladores de oposición cuestionan el criterio de “discrecionalidad” en la selección de los beneficiarios de la medida.
