La declaración de Patricio Contesse y las últimas decisiones de la Fiscalía son la antesala del inicio del fin de las investigaciones que hace dos veranos tenían en jaque a la clase política y La Moneda.
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El parlamentario UDI enfrenta el desafuero que confirmó la Corte Suprema por una votación de nueve votos contra ocho y que -en las próximas semanas- le impedirá ejercer su labor legislativa por un período incierto. A pesar de ello, dice que volvería a reconocer que pidió a sus cercanos emitir boletas a Penta por trabajos que no se realizaron para financiar su campaña en 2013.
El Ministerio Público y el SII acusa al senador de emitir boletas ideológicamente falsas para financiar gastos electorales. La defensa en tanto aseguró que las facturas corresponden "en su totalidad a personas que trabajaban en su campaña".
Abogado Rodrigo Aldoney presentó el requerimiento acusando un acto inconstitucional del Ministerio Público al recurrir a la Suprema tras ser rechazado desafuero.
A través de un hecho esencial, el holding informó la tarde de este viernes a la SVS del acuerdo no vinculante con la estadounidense UnitedHealth Group.
De esta forma, el Fondo de Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Tres pasa a ser el único controlador de la concesionaria.
El ex legislador fue formalizado en julio de 2015 por la emisión de dos boletas falsas que habrían servido para financiar su campaña electoral en 2013. Hoy volvió a reiterar su inocencia.
En el texto, la mayoría de los ministros del tribunal sostiene, entre otros argumentos, que el hecho de que el SII no se querellara directamente contra Felipe de Mussy es un impedimento para la acción.
Diligencia fue solicitada por los abogados de los ex controladores del holding, para aclarar versiones sobre un presunto acuerdo. Querellante indica que este testimonio podría abrir la puerta para que los persecutores tengan que inhabilitarse.
La Corte de Apelaciones declaró inadmisible la queja disciplinaria presentada por el fiscal Manuel Guerra, que buscaba evitar que los persecutores testificaran en la causa.
La gestora pidió $ 6.270 millones como remuneración variable pendiente tras ser removida del fondo Infraestructura 1 en 2015.
Presidenta gremialista dijo que se está usando al aparato del Estado para perseguir por razones políticas. Senador señaló que recurrirá a la Suprema apostando a revertir la resolución.
Desglose de casos muestra número similar de acciones legales. Ambos suman 131 querellados. El director del SII calificó de "imprudentes" las críticas del fiscal Carlos Gajardo a la institución.
La iniciativa fue presentada cuando el juez Juan Manuel Escobar aceptó la petición de la defensa de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, para que los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena comparecieran como testigos.
El fiscal nacional, Jorge Abbott, sostiene que existen leyes que terminan favoreciendo a los sectores más privilegiados. Asegura que se perseguirán los delitos de "cuello blanco", porque "¡aquí no hay 'malas prácticas', hay delitos y quienes incurran en ellos son delincuentes !".
