La medida de excepción constitucional dispuesta por el Gobierno peruano por un periodo de 30 días mantendrá la suspensión de las libertades civiles como el libre tránsito en varias zonas del país, incluidas en regiones por donde se ubica el corredor minero de ese país, que estará bajo el control de la policía y el Ejército. Sectores sociales y sindicatos han convocado para el 19 de julio a lo que se denomina "la tercera toma de Lima".
“Esta denuncia, como todas las que han ocurrido durante nuestra gestión, van a ser investigadas”, dijo el primer ministro, Alberto Otárola, cuando fue consultado por la denuncia difundida en un medio local sobre el presunto plagio de la mandataria, quien es coautora junto a otras siete personas en un texto publicado en 2004 titulado “El reconocimiento de los derechos humanos y el derecho internacional”.
La ministra de Educación peruana, Magnet Márquez, aseguró el lunes a la prensa que en tres días se conocerá el número exacto de casos y que luego retirarán a los falsos maestros. En el país vecino se dan casos de falsificación de billetes, títulos académicos y documentos de identidad. Existe una calle del centro histórico de Lima donde se ofrecen estos servicios fraudulentos.
Fiscales dejaron en evidencia una serie de situaciones de corrupción que afectarían al ahora encarcelado mandatario, a varios ministros de su gobierno, asesores y cercanos a su grupo familiar. Los hechos investigados comprometen todavía más la situación procesal del expresidente izquierdista y explicarían la hipótesis fiscal sobre la estructura de las redes que lo involucrarían.
Un informe reciente señala que el libro en el que Dina Boluarte figura como coautora presenta un alto porcentaje de contenido plagiado, sin incluir referencias bibliográficas ni notas al pie.
Un brote de la enfermedad afecta al país andino. En lo que va del año se han reportado un total de 165 casos, con cuatro fallecidos a la fecha.
El procurador general, Daniel Soria, señaló que la solicitud se ampara en la condición de “actor civil constituido” en representación del Estado, pidiendo que “se dicten las medidas cautelares reales de embargo” sobre los bienes muebles e inmuebles del derrocado mandatario y del exjefe de Gobierno, Aníbal Torres.
El profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú dice a La Tercera que “se habría despejado la preocupación en el sector privado y en la sociedad peruana respecto de que este año o el siguiente habría un nuevo proceso electoral”.
El estado de emergencia rige para varias localidades del sur del país andino.
Los efectos de El Niño, como lluvias y sequías, podrían afectar la salud y economía de gran parte del continente. Desde la ONU, el llamado es a que los gobiernos se preparen con tiempo para lo peor.
La máxima autoridad del Parlamento, José Williams Zapata, se refirió a la protesta nacional contra la presidenta Dina Boluarte y que las organizaciones sociales de todo el país fijaron para el 19 de julio. “Esa frase (Toma de Lima) no debe darse. Nadie viene aquí a tomar Lima. Lo que viene es a presentar un reclamo, debe haber una marcha pacífica. Obviamente nada que se parezca a lo que vimos entre enero o marzo", afirmó.
El exmandatario peruano percibe dicho ingreso en su calidad de exjefe de Estado, aún estando privado de su libertad en el penal limeño de Barbadillo. A la vez, como “exservidor público", percibió la remuneración y asignaciones por su cargo hasta diciembre de 2022, fecha en que produjo el quiebre constitucional en ese país.
Sujeto habría viajado de Perú a Chile tras ser puesto en libertad. Había sido detenido tras el asesinato de un vigilante en el país vecino.
Dirigentes de la Confederación General de los Trabajadores y de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (Cunarc) indicaron que se planificaron estrategias para ejecutar en la protesta del miércoles 19 de julio, pues consideran que el gobierno de la mandataria "es dictatorial y carece de legitimidad ante un alto rechazo de la ciudadanía".
Según el abogado Guido Croxatto, la medida no fue presentada con anterioridad porque preferían “tomar todo el tiempo para no perdernos nada de lo que pasara en los seis meses que pudiera ser importante". Además, se busca terminar con la "detención arbitraria" de su representado.
