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Durante una manifestación de unas 20 mil personas en la capital de esa región altiplánica de Perú, los líderes indígenas manifestaron que no dejarán que más fuerzas del Ejército ingresen a tomar control de sus pueblos y que la única salida en ese caso sería una “guerra civil”. A la vez, insisten en la renuncia de la presidenta Boluarte.
El presidente del Parlamento, José Williams Zapata, dijo que el tema deberá ahora ser analizado por la comisión de Constitución, que se encargará de confeccionar una nueva propuesta de elecciones anticipadas y acortar el mandato de la gobernante Dina Boluarte, que asumió funciones tras la destitución del expresidente izquierdista Pedro Castillo.
“No la quiero entregar a un Gobierno espurio”, dijo el Presidente mexicano, en referencia a la administración de Dina Boluarte.
Los legisladores peruanos aprobaron la denuncia contra el exmandatario por los supuestos delitos de liderar una organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Ahora la denuncia constitucional será trasladada al despacho de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien en adelante podría acusar formalmente al derrocado gobernante ante el Poder Judicial.
La iniciativa fue presentada por parlamentarios y dirigentes del partido derechista Avanza País en una reunión con la mandataria peruana, quien ha sostenido encuentros con los distintos sectores políticos para buscar una salida la crisis social que se prolonga desde la destitución del presidente Pedro Castillo. "Creemos que es el momento de defender a nuestra Policía Nacional y a nuestras Fuerzas Armadas”, afirmaron.
La dirección de Cultura de Cusco, Martiza Candia, afirmó que fue posible abrir oficialmente el acceso a la ciudadela inca, luego de que el gobierno peruano anunciara su cierre el 21 de enero para garantizar la seguridad de las personas en medio de las protestas que sacuden al país desde diciembre.
Tras reunirse con la presidenta Dina Boluarte, la líder del derechista partido Fuerza Popular afirmó que la “vía más rápida” para hallar la solución a la crisis política que vive Perú es el adelanto de elecciones a 2023, como la bancada fujimorista ha propuesto al Congreso.
“No es posible cometer una masacre sin el apoyo de las autoridades del nivel más alto”, señalaron los abogados representantes de organizaciones de DD.HH. y que interpusieron el recurso legal ante la fiscal nacional Patricia Benavides. En la acusación se detallan graves violaciones de derechos humanos en delitos como homicidio, lesiones graves y leves, tortura y abuso de autoridad.
El organismo persecutor peruano indagará el asesinato de los efectivos policiales a manos del grupo guerrillero Sendero Luminoso, perpetrado el pasado sábado en la provincia de La Convención, en la región de Cuzco, en el centro-sur del país.
El próximo viernes 17, en sesión plenaria, el Parlamento peruano verá la situación del derrocado mandatario, quien es sindicado por presunta organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Castillo se encuentra recluido en el penal limeño de Barbadillo mientras cumple prisión preventiva de 18 meses.
El ataque ocurrió en la región del Vraem, reconocida cuenca cocalera y zona donde opera el Militarizado Partido Comunista de Perú, un grupo armado que protege al narcotráfico.
La medida permite que la red vial de la Panamericana Sur, desde Tumbes a Tacna, esté disponible para el abastecimiento de alimentos y combustible, según informó el Ministerio de Defensa.
La región es reconocida como una cuenca cocalera y en la zona opera el Militarizado Partido Comunista de Perú, un grupo armado que protege al narcotráfico y cuyo jefe es un miembro del grupo terrorista Sendero Luminoso.
La medida contra el exmandatario izquierdista responde a la denuncia constitucional que interpuso la fiscal de la Nación, Patricia Benavides contra el derrocado gobernante por las irregularidades y presunta corrupción en casos relacionados con grandes obras públicas y entidades fiscales de ese país.
