El crecimiento proyectado para el sector permitiría lograr una mayor recaudación fiscal con respecto al máximo histórico registrado en 2024, incluso si se aprueba la propuesta de reducir la cuota asignada al sector industrial, señala el informe encargado por el gremio Pescadores Industriales del Biobío. “Las subastas de cuotas de jurel no serían necesarias para alcanzar el nivel actual de ingresos fiscales de gravámenes pesqueros”, sostiene el autor del reporte.
Un estudio jurídico elaborado por el expresidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), por encargo de Sonapesca, expone que las licitaciones, además del nuevo fraccionamiento de la cuotas entre artesanales e industriales, son expropiatorias, por lo que, de aprobarse, las empresas deberán ser indemnizadas.
Pese a que la regla para el crecimiento anual de la pesquería del jurel es de 15%, el subsecretario de Pesca ve espacio para ir por más. “Chile tiene la capacidad de pescar y de procesar más jurel", dijo Julio Salas, quien mostró "preocupación el retraso en la definición de una estrategia de manejo acorde con el saludable estado de la pesquería”.
Desde el gremio de la pesca no se mostraron conforme con la nueva distribución definida en la comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura de la Cámara Alta.
La administración de la principal pesquería en Chile, que cuenta con el 66% de la cuota global, será revisada en febrero. La sesión del organismo se realizará en Chile, por primera vez desde su creación, pero ya divide aguas entre el gobierno y la industria. Pese a que ambas partes reconocen que el recurso está sano, desde la autoridad ven indicios de subexplotación, por ende buscarán un mayor incremento al normal, mientras que los industriales de la zona centro sur aseguran que aún faltan datos científicos para adoptar una decisión así.
El nuevo Consejo Marítimo Nacional, que reúne a más de 200.000 trabajadores, agrupa a representantes de sindicatos, federaciones, gremios, pymes y empresas de actividades mercantes, pesqueras, salmoneras y portuarias de todo el país. En una declaración catalogan de “refundacional” el proyecto para la nueva ley de Pesca y sostienen que las iniciativas no consideran “ la opinión mayoritaria de los actores de cada sector”.
