Con la presencia de un solo partido de oposición (Demócratas), el gobierno lideró el nuevo aniversario del 11 de septiembre con cerca de 500 personas en Palacio. La jornada, eso sí, fue acotada en contraste con la ceremonia que se hizo en 2023, donde la producción del evento costó, al menos, $ 640.499.055, a diferencia de los $ 59.896.529 que invirtió Presidencia este año.
La política pública más emblemática del Presidente enfrenta una serie de críticas por parte de las organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos. El contrato con una empresa, de la cual se enteraron por la prensa, fue la gota que rebasó el vaso y que provocó que esta semana las dirigentas se reunieran de manera extraordinaria para tomar una postura. A eso se suman las diferencias internas entre los equipos de búsqueda, que a la fecha acumula la pérdida de tres analistas, y un plan que navega por un mar de obstáculos para mostrar resultados concretos.
El Mandatario, desde el Memorial del Detenido Desaparecido y del Ejecutado Político del Cementerio General, realizó una serie de compromisos como parte del Plan Nacional de Búsqueda.
La idea, como explicaron desde el Ejecutivo, es acceder a antecedentes -siempre con el consentimiento de la víctima o sus familias- en medio del Plan de Búsqueda, y para que los tribunales puedan obtener información que ayude al esclarecimiento de los hechos. La iniciativa será presentada a través de un proyecto de ley.
"Eso ha afectado a dar no solo priorización, sino que ha afectado la eficiencia con la que el Servicio Médico Legal puede responder, teniendo recursos y las capacidades para hacerlo”, reconoció Marisol Prado en la comisión de DD.HH. del Senado.
En La Moneda existía preocupación por lo que -admiten en privado- es una agenda acotada en materia de DD.HH con motivo de la conmemoración de los 50 años del Golpe. Por ello, los ministros se desplegaron para evitar abrir un flanco de críticas a la iniciativa.
A tres días del lanzamiento del Plan de Búsqueda, el ministro de Justicia se hace cargo de las interrogantes que dejó la iniciativa que pretende esclarecer las circunstancias en que cientos de personas fueron desaparecidas y ejecutadas durante la dictadura. La tarea no será corta ni fácil, reconoce, pero se deben hacer todos los esfuerzos. Más, recalcó, cuando el escenario político se mantiene tensionado.
En medio de la agenda diseñada por el gobierno para la conmemoración del próximo 11 de septiembre, está previsto que el próximo 5 de septiembre se anuncie por parte del ministro Segpres, Álvaro Elizalde, la batería de proyectos asociados a derechos humanos, y entre ellos, aparece uno clave: derogar el secreto del informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.
El Presidente emplazó ayer a la oposición por ausentarse de la ceremonia en que presentó la iniciativa que busca esclarecer las condiciones de desaparición forzada de personas a 50 años del Golpe de Estado. En Chile Vamos algunos acusaron falta de prolijidad en la convocatoria y otros derechamente dijeron que no fueron invitados. Justicia, por su parte, precisó que enviaron las convocatorias a los correos electrónicos que están en la página web de los respectivos partidos.
La iniciativa anunciada por el mandatario también fue cubierta el periódico británico The Guardian.
El secretario de Estado insistió en la correcta aplicación del beneficio presidencial y adelantó posibles problemas para la acusación constitucional contra la exministra Marcela Ríos, por la presentación que hizo un grupo de senadores ante el Tribunal Constitucional.
