“Quisimos venir a conversar con el Presidente por la preocupación que tenemos sobre el Plan Nacional de Búsqueda de la Verdad y la Justicia, (...) para saber más en forma concreta el trabajo que se está implementando", señaló una de las portavoces.
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Dorothee Münch y Markus Blanck abordan el proceso que inició el gobierno para adquirir 116,8 hectáreas del lugar. Aseguran que están a favor de la instalación de un sitio de memoria, pero insisten en que si se persiste en el diseño planteado por las autoridades quedarían totalmente en la calle. Piden, por lo mismo, que el Presidente Boric los escuche y visite. No basta con que se les pague por los terrenos, dicen, por lo que deslizan que podrían fijarse rentas vitalicias.
La nueva alianza se fraguó hacia finales de 2024, en la misa de Navidad celebrada en la cárcel de mujeres. Desde ahí comenzaron los diálogos que terminaron con la presentación del sacerdote Tomás Scherz como integrante permanente del Comité de Participación y Seguimiento del Plan Nacional de Búsqueda. La idea es "interpelar moralmente" a quienes puedan tener antecedentes aún desconocidos.
Durante la primera reunión 2025 de este comité asesor, se anunció la incorporación del sacerdote Tomás Scherz, por mandato presidencial.
La solicitud del organismo encabeza por Dorothy Pérez responde a una presentación realizada por diputados UDI, quienes pidieron se revise la legalidad del contrato suscrito con Unholster para el desarrollo de una plataforma informática y que implica el desembolso de más de $600 millones. A juicio de parlamentarios se estaría ante un "negocio a lo menos sospechoso".
Los primeros hitos fueron la conmemoración del Día Internacional del Detenido Desaparecido, encabezada por el Presidente Boric, y una actividad en el sitio Hornos de Lonquén, en Talagante, realizada por el Ministerio de Bienes Nacionales. En tanto, algunos partidos del oficialismo también organizan actividades para el 11 de septiembre.
Diputados de la UDI solicitaron al organismo encabezado por Dorothy Pérez que se pronuncie sobre la legalidad del trato fijado por más de $600 millones con Unholster. "Es indispensable que sea el órgano contralor el que se pronuncie frente a esta situación”, sostuvieron.
Durante su paso por la policía civil, Gaete estuvo a cargo de la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos y participó en emblemáticos operativos, como las detenciones de Manuel Contreras y Paul Schäfer.
Con toda una vida laboral dedicada a la persecución de criminales de lesa humanidad y la búsqueda de detenidos desaparecidos, el reconocido expolicía decidió renunciar a la Subsecretaría de Derechos Humanos. Lo hizo por un contrato directo que realizó el Ministerio de Justicia con la empresa Unholster para desarrollar una plataforma de búsqueda de detenidos desaparecidos. Asegura que todo se ha hecho a espaldas de los familiares de las víctimas y que no hay sentido de urgencia, por lo que todo lo que se prometió hace un año -a su juicio- quedará en nada.
En el documento emitido por los parlamentarios comunistas, se exige que “se indique los motivos de la autoridad para decidir la realización de un trato directo para la creación de la plataforma enmarcada dentro del Plan de Búsqueda”.
La recién nombrada subsecretaria aborda en su primera entrevista los desafíos que asumió tras el llamado del Presidente Boric, quien la designó luego de aceptar la renuncia de Xavier Altamirano. Lleva más de siete años en la repartición, por lo que insiste en que todos los funcionarios están comprometidos con la agenda de derechos humanos.
De acuerdo con lo detallado por el ministro Luis Cordero, la constitución de esta instancia corresponde a un "hito bien simbólico donde se juega el éxito de este plan y su credibilidad”.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, hizo una invitación a leer el Plan Nacional de Búsqueda, asegurando que en el documento "no solo hay un diagnóstico, no solo está el propósito, están los objetivos y las metas". Además, destacó que "los familiares tendrán un gran rol activo en el seguimiento de esta política”.
Días después de la polarizada conmemoración de los 50 años del Golpe, el Presidente y el general Iturriaga protagonizaron un recíproco intercambio de gestos institucionales. Sin embargo, el jefe militar reiteró que su institución hoy no tiene más información sobre el paradero de detenidos desaparecidos.
El titular de Justicia se refirió a las palabras del Presidente Gabriel Boric, quien en una entrevista televisada el domingo dejó abierta la posibilidad de cerrar el penal. “Si hay medidas en ese caso, se ejecutan y no se anuncian”, dijo el secretario de Estado, en la misma línea del Mandatario.
