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La filtración de conversaciones privadas entre jueces, secretarios de Estado y exsupremos tiene a la máxima judicatura bajo asedio. Las acusaciones por eventual tráfico de influencia en nombramientos judiciales dejaron al descubierto que la Corte Suprema atraviesa por uno de sus peores momentos. Con un presidente que no logra encauzar las crisis, las distintas facciones de ministros protagonizaron esta semana uno de los plenarios más duros. Así fue el día en que estuvieron a punto de abrir un sumario e incluso pasar a todos los involucrados a la cuestionada Comisión de Ética.

Ante la necesidad de separar la función jurisdiccional de la administrativa y entendiendo la urgencia que se requiere, el máximo tribunal señaló que retomará las gestiones que permitan lograr dicho objetivo y radicar los nombramientos y otros asuntos relativos al gobierno judicial en un organismo que se establezca para tal efecto.

Una vez zanjados los dos capítulos que se discutirán durante la jornada, el borrador de nueva Carta Magna será despachado a la Comisión Experta este sábado para dar inicio a la fase de observaciones.

Con la aprobación de estas normas, las zonas electorales solo podrán distribuir entre dos y seis escaños. Además, se rechazó el artículo que permitía a las autoridades acusadas constitucionalmente participar de elecciones para ocupar cargos de elección popular. En tanto se visó la barrera que se le exigirá a los partidos para participar de la repartición de bancas en el Congreso.

El órgano redactor está por comenzar una nueva etapa. El plenario de 50 consejeros comenzará este viernes a votar los acápites del texto constitucional y tiene plazo hasta el 7 de octubre para luego despacharle la propuesta a la Comisión Experta. La primera jornada estará marcada por la revisión del artículo primero que regula la dignidad de la persona, el Estado social e incluye una cláusula sobre que "todo ser humano es persona".

Luego de 11 meses y 24 días de que el órgano se instalara, los convencionales terminaron sus funciones al votar el último informe. Con esto el texto queda listo para ser presentado el próximo 4 de julio y la instancia procederá a disolverse. El plenario repuso el mecanismo permanente para modificar la eventual nueva Carta Magna y dejó abiertas las dudas respecto a cómo interpretar la norma que eleva el estándar a la consulta a los pueblos originarios.

Asimismo, volvieron a su comisión de origen un artículo que busca normar cómo se regulará el funcionamiento del Consejo de Justicia y otro sobre el período de los abogados integrantes de las corte de Apelaciones y Suprema.

"Un cambio así de abrupto, sin contar con la institucionalidad necesaria, ni la certeza de los derechos de agua requeridos para la población, podría provocar problemas en la continuidad del servicio”, indicó en un comunicado el presidente ejecutivo de Andess, Julio Reyes.

Los temas que impliquen cambios “sustanciales” en ciertas materias específicas necesitarán de un referéndum o ser aprobados por 2/3 del Poder Legislativo. La Convención, además, desechó las normas sobre igualdad de partidos políticos con independientes y la que reponía la insistencia de los diputados por sobre los representantes regionales.

El pleno entregó los votos necesarios para que el modelo de salud siga siendo mixto. Las cotizaciones de los trabajadores solo podrán ser destinadas para "aportar solidariamente al financiamiento" de este sistema y la ley "determinará el órgano público encargado de la administración" de estos fondos. Además los constituyentes visaron los artículos que complementan el derecho a la educación. Pasaron al borrador de nueva Constitución los incisos que plantean que existirá un Sistema Nacional de Educación Pública "de carácter laico y gratuito" y que deberá ser financiado de forma permanente "a través de aportes basales".

El articulo que regulará a Carabineros y la PDI además estipula que los integrantes de ambas organizaciones no podrán "asociarse en organizaciones políticas, gremiales o sindicales, ejercer el derecho a huelga, ni postularse a cargos de elección popular”. Los convencionales además terminaron de votar los estados de excepción constitucional y eliminar el actual Estado de Emergencia.

Las comisiones del órgano redactor comenzaron a terminar las votaciones de sus últimos informes ya que la próxima semana deberían concluir las deliberaciones en el pleno para dar paso al trabajo de las nuevas instancias encargadas de ajustar la propuesta de nueva Constitución. Estos días pasaron al borrador artículos relacionados con la Corte Constitucional, Banco Central, explotación del cobre por parte del Estado y restitución de tierras indígenas, entre otras.

El pleno del órgano redactor aprobó el inciso final que complementará el artículo que se refiere a este tema y que ya está en el borrador de nueva Constitución. "El Estado reconoce y garantiza el derecho de las personas a beneficiarse del progreso científico para ejercer de manera libre, autónoma y no discriminatoria, sus derechos sexuales y reproductivos. La ley regulará el ejercicio de estos derechos”, se lee en el texto visado por los convencionales.

Con el apoyo de un mínimo del 10% del último padrón electoral, la ciudadanía podrá presentar una propuesta de reforma constitucional para ser votada mediante referéndum nacional, indica la norma visada. En tanto, se rechazó y vuelve a comisión el artículo sobre Consulta Indígena, que indica que los proyectos de reforma constitucional que puedan afectar a los pueblos indígenas, deberán ser sometidos a una consulta con los mismos pueblos.

Los convencionales votaron el informe de la Comisión de Sistemas de Justicia y no dieron los votos para que ambas instituciones dejaran de ser gobernadas por una autoridad unipersonal: el fiscal nacional o el defensor nacional respectivamente. A su vez, aprobaron las normas que crean la Defensoría del Pueblo, la Defensoría de la Naturaleza, la Agencia Nacional del Agua y la indicación presentada por la derecha que le entrega autonomía y reconocimiento constitucional a la Defensoría de la Niñez.