Una sesión privada del comité PMGD de la Asociación Chilena de Energía Solar reveló la definición de estrategias, tanto políticas como comunicacionales, sobre cómo enfrentar las críticas hacia el segmento, que está embarcado en discusiones de cambios regulatorios para dar visibilidad de sus centrales al Coordinador, así como para hacerlos participar de los vertimientos.
Este jueves el operador del sistema volvió a insistir en una propuesta de modificación normativa que ya había realizado en agosto de 2023, alertando de que la alta participación de las pequeñas y medianas centrales suponía riesgos para la seguridad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
En una misiva dirigida al ministro Diego Pardow, se recordaba que el Centro de Despacho no cuenta con la visibilidad “necesaria” para coordinar a este tipo de centrales, que en conjunto ya superan los 3.000 MW, y pedía abordar con “prontitud” su masiva integración al Sistema Eléctrico Nacional. Mientras, el ministerio ya está cerrando las propuestas normativas que se discutieron en mesas técnicas destinadas a revisar cómo operan los PMGD.
Tras conocerse un reporte que advierte que la posibilidad de un nuevo apagón “sigue presente” ante la alta participación de centrales PMGD en el sistema, desde las asociaciones gremiales hubo reacciones disímiles. En tanto, el operador del sistema dijo que esperará los resultados de un análisis encargado a académicos chilenos para determinar si el desempeño real de dichas centrales contribuyó o no a la propagación de la falla que causó el apagón.
Vinken, que en octubre pasado desarrolló un estudio encargado por Acera, estimó que el nuevo diseño del cargo FET, tras las indicaciones del Ejecutivo, recortaría un 16% de los ingresos de los PMGD, mientras que el beneficio de la medida enfocada en pymes se ajustó al alza.
Un análisis realizado por la consultora Inodú sobre los factores que incidieron en la propagación del apagón registrado el 25 de febrero, afirma que no existen garantías de que se pueda contener una falla como la de ese día. La rápida desconexión de las pequeñas y medianas centrales de generación ante variaciones importantes en la frecuencia del sistema, es una de las brechas que identifica el documento, elaborado por Jorge Moreno, director de la consultora.
Lutz Kinderman, CEO de la firma presente en Chile hace 15 años, se muestra convencido en que las distintas escalas de generación eléctrica “tienen que coexistir”, pero en una cancha más pareja.
A través de una carta suscrita, entre otros, por el Consejo Minero, la Asociación de Generación Renovable y dos socios actuales de Acera, se solicita además hacer modificaciones al método con el que determinan los vertimientos de energía “de modo que incluya a todos los generadores, sin excepción”.
En Acesol, gremio que reúne a casi un centenar de firmas enfocadas en el segmento, ven “una serie de elementos que se pueden mejorar”, mientras que en GPM remarcan en la necesidad de no alterar “las condiciones fundamentales bajo las cuales se diseñaron, financiaron y desarrollaron los proyectos existentes”.
"Lamentamos que recién ahora, ante un proyecto de ley que iba a afectar a un segmento de la generación como los PMGD, hayan surgido cuestionamientos a que los recursos para financiar las tarifas de los clientes regulados pudiesen venir del mismo sector eléctrico".
La generación de las centrales calificadas como PMGD, en gran medida, equivale a la que pierden los proyectos de mayor escala, preocupando a las grandes generadoras. En una mesa realizada durante 2024, Generadoras de Chile propuso que la aplicación normativa no debe ser discriminatoria. En su Plan de Descarbonización, cuyo período de consulta vence esta semana, el Ministerio de Energía contempla modificar la actual norma actual que no permite al Coordinador monitorearlos en tiempo real, ni ordenar recortes por la regla de autodespacho.
El documento, elaborado por José Miguel Valdivia, profesor titular de la Universidad de Chile y abogado integrante de la Corte Suprema, califica de “modalidad moderna de financiamiento” la creación del cargo FET, por lo que no ve “posible inferir” que se infrinjan las normas para crear impuestos o tributos nuevos.
El jurista afirma que el proyecto del Ejecutivo comete una clara infracción a reglas constitucionales que prohíben destinar lo recaudado por tributos a fines específicos, y que además se infringen normas con la creación del cargo FET, el cual, plantea, puede ser considerado como una carga pública, impuesto y gravamen especial a la vez.
Este lunes el Ejecutivo ingresó las indicaciones al proyecto que extiende la cobertura a 4,7 millones de hogares. Sin embargo, desde las agrupaciones gremiales que han expresado su oposición al denominado “pilar PMGD” insisten en que no se requieren fuentes de financiamiento más allá de la contribución fiscal. Además, advierten que otras partes de la propuesta alterarían los contratos adjudicados en licitaciones de energía.
La idea con la que el Ejecutivo busca salvar el proyecto para ampliar los subsidios eléctricos, es valorada desde las empresas que se dedican a instalar dicho tipo de unidades. Sin embargo, la posibilidad de que un sólo organismo ejecute la propuesta es vista con preocupación, pues podría alterar normas de libre competencia.
