El documento, elaborado por José Miguel Valdivia, profesor titular de la Universidad de Chile y abogado integrante de la Corte Suprema, califica de “modalidad moderna de financiamiento” la creación del cargo FET, por lo que no ve “posible inferir” que se infrinjan las normas para crear impuestos o tributos nuevos.
El jurista afirma que el proyecto del Ejecutivo comete una clara infracción a reglas constitucionales que prohíben destinar lo recaudado por tributos a fines específicos, y que además se infringen normas con la creación del cargo FET, el cual, plantea, puede ser considerado como una carga pública, impuesto y gravamen especial a la vez.
Este lunes el Ejecutivo ingresó las indicaciones al proyecto que extiende la cobertura a 4,7 millones de hogares. Sin embargo, desde las agrupaciones gremiales que han expresado su oposición al denominado “pilar PMGD” insisten en que no se requieren fuentes de financiamiento más allá de la contribución fiscal. Además, advierten que otras partes de la propuesta alterarían los contratos adjudicados en licitaciones de energía.
La idea con la que el Ejecutivo busca salvar el proyecto para ampliar los subsidios eléctricos, es valorada desde las empresas que se dedican a instalar dicho tipo de unidades. Sin embargo, la posibilidad de que un sólo organismo ejecute la propuesta es vista con preocupación, pues podría alterar normas de libre competencia.
Tras el anuncio de Energía de agregar un plan masivo para la instalación masiva de paneles fotovoltaicos en hasta 175 mil hogares en tres años, integrantes de la comisión que discute el proyecto para aumentar los beneficios a las familias valoraron que se recogieran propuestas vistas en la instancia. Sin embargo, varios no están dispuestos a aprobar el denominado “pilar PMGD” ni tampoco el mayor impuesto verde. En tanto, desde el oficialismo valoraron que el Ejecutivo recogiera la propuesta planteada por diputados PPD.
Entre las nuevas integrantes del gremio destaca Solek, compañía checa que ya está en Acera. También firmas que administran activos para fondos internacionales, y la chilena oEnergy. El gremio de las pequeñas y medianas generadoras alcanza las 19 asociadas a la instancia, en medio del intenso lobby que han desplegado firmas amenazadas por el pilar PMGD, una de las tres fuentes de financiamiento con que el gobierno busca ampliar la cobertura del subsidio eléctrico.
El ingeniero en Ciencias Materiales, Yuri Andrade Sylvester, negocia hoy directamente las condiciones financieras de su mayor iniciativa: BESS Halcón, un megaproyecto de almacenamiento, que cree se hará igual, pero cuyas condiciones cambian si se aprueba el mayor financiamiento al subsidio eléctrico con cargo a las rentas de los PMGD. Además, refuta el debate del proyecto del gobierno: “No tuvo una discusión honesta desde el punto de vista técnico”, afirma.
El ministro de Energía detalló que las postulaciones en curso han sumado cerca de 300.000 nuevas personas, al 1,6 millón que lo hizo en el primer proceso.
El ministro Diego Pardow adelantó parte de las indicaciones en que está trabajando el Ejecutivo para ajustar el proyecto de ley. Entre ellas, está establecer una exención para los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD) que sean considerados pymes.
Stephanie Crichton asegura que la propuesta del Ejecutivo, que busca recaudar US$150 millones anuales desde los ingresos de los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD), es “una medida expropiatoria que no posee ningún sustento jurídico”. La firma tiene planes de inversión por US$1.700 millones en Chile.
La entidad que opera el Sistema Eléctrico Nacional afirmó que la implementación del mecanismo que favorece a los Pequeños Medios de Generación Distribuida debe ser corregida, y recordó que los mayores costos que genera al sistema serán traspasados a clientes residenciales desde 2027. En respuesta a ello, en una dura carta, el presidente de Acera cuestionó las facultades del organismo para emitir su pronunciamiento.
Un grupo de 10 instituciones que financian pequeñas centrales remitió una dura carta al gobierno y al Congreso, acusando que la propuesta del Ejecutivo supone un impacto para proyectos de “infraestructura en general”. El titular de Hacienda afirmó que “se pueden encontrar formas” de compensar la menor rentabilidad transitoria para evitar “un daño irreparable a una inversión, o más aún, al clima de inversiones”.
Tres titulares de proyectos del segmento de pequeñas generadoras sostuvieron el lunes una cita con el ministro de Energía y se sumaron a las críticas que ya han levantado las grandes firmas del segmento. Uno de ellos es Luis Silva Toro, militante del Partido Comunista y emprendedor que impulsa el Parque Fotovoltaico Sierra Soleada, proyecto que exigirá una inversión de US$ 9,5 millones.
En una carta dirigida a los socios, la cúpula del tradicional gremio de las energías renovables, encabezada por su presidente, Sergio del Campo, lamentó las salidas de cuatro empresas que en conjunto representan casi 3.000 MW en capacidad instalada, y aseguró que el foco de la asociación está en la “defensa del sector generador, en todas sus escalas y en todas sus tecnologías”.
El ministro de Energía confirmó la disponibilidad a presentar indicaciones en varias líneas y que moderen los efectos de la normalización tarifaria en sectores productivos como las pymes. Además, refutó que el proyecto que busca ampliar el beneficio al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares tenga vicios de constitucionalidad. En tanto, la comisión acordó el calendario para despachar la iniciativa a Sala.
