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El director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI y exministro de Hacienda destaca las señales de moderación que emanaron de las recientes elecciones municipales en Chile y demanda a los países de la región hacer las reformas que impulsen el crecimiento. Por primera vez, además, se refiere a la tensa relación que tuvo con el gobierno argentino y con el propio presidente Javier Milei, las que terminaron por separarlo de las negociaciones. Confiesa que él mismo tomó la decisión de apartarse de las conversaciones y destaca la importancia de que a Argentina “le vaya bien”.

Un zigzageante clima internacional; un mayor crecimiento con debilitada inversión; tasas de interés e inflación a la baja; los efectos de la alza del cobre; y la estrecha situación fiscal son los temas que incidirán en los 648 días que restan a la actual administración, estiman los analistas.

“Legitimado transversalmente y con la perspectiva de escenarios económicos aún más desafiantes, su institucionalidad debe ser potenciada, con mayor autonomía operativa y presupuestaria, además de algunas atribuciones adicionales, en pro de aumentar sus contribuciones a la mitigación de riesgos de insostenibilidad, prociclicidad, discrecionalidad y opacidad fiscal”.

Se acordó que los objetivos clave establecidos al momento de la aprobación del acuerdo, incluidos los relacionados con el déficit fiscal primario y las reservas internacionales netas, permanecerán sin cambios hasta 2023.

"Este es el contexto que vive el articulador de la política fiscal el día de hoy: un sobrecalentamiento de la economía que, junto a shocks globales fuera de su control, llevaron a una alta inflación, y por ende, a una política monetaria altamente restrictiva. Mientras tanto, la población percibe una situación económica deteriorada, y parte de ella lo interpreta como una consecuencia principalmente de la incertidumbre política."

La economista además coincidió con los exministros de Hacienda Nicolás Eyzaguirre e Ignacio Briones, y con la consejera del CFA, Paula Benavides, respecto a que la Constitución consigne el principio de justicia intergeracional, el cual guíe la política fiscal.

El órgano autónomo envió un documento a la asamblea y advirtió que nose trata de un principio "que presuponga un determinado tamaño del Estado, sino que debe estar presente cualquiera sea la dimensión de éste”.

Cecilia Cifuentes entregó sus propuestas, en el marco de la elaboración de una nueva Constitución, al Consejo Fiscal Autónomo (CFA), planteando que la tarea en materia fiscal es perfeccionar una Carta Magna que, a su juicio, no es fallida en lo fiscal.

Esto elevaría los compromisos fiscales, especialmente en el mediano y largo plazo, indicó el organismo.

El economista francés también ahondó en el régimen de propiedad, destacando la Carta Magna alemana que la define como una "relación social" ligada a derechos sociales, lo que abrió paso a una ley que permite a representantes de los trabajadores tener incidencia en definiciones corporaciones.

Suscribe el manejo que tuvo el Banco Central subiendo la tasa de interés en agosto en 75 puntos base y espera que finalice el año en 3%. “Lo principal es que tenemos un escenario de un altísimo dinamismo de la demanda interna y eso está presionando los precios en el ámbito local”. Afirma que existen dificultades para llevar adelante una senda de consolidación fiscal, pero tendría que haber “una reducción del gasto de dos dígitos en términos reales”.

El economista UC formó parte del antecesor de este organismo, el Consejo Fiscal Asesor, hace seis años, del cual en 2016 fue su vicepresidente. Actualmente se desempeña como coordinador de macroeconomía de Clapes UC.

El cargo de González como consejero del CFA tendrá una extensión de cinco años y la designación deberá ser ratificada por dos tercios del Senado. Su nombre es propuesto para reemplazar a Gonzalo Sanhueza, quien termina su periodo en la instancia.

Las recomendaciones van desde establecer una regla dual de deuda neta y balance estructural, hasta Incorporar obligaciones o consecuencias para casos de incumplimiento del mecanismo de corrección posterior a una desviación de las metas.

El objetivo “es obtener un análisis externo en la materia y seguir elevando los estándares en base a las mejores prácticas internacionales”.