Este lunes Presidencia firmó la resolución exenta que da cuenta de las características del acuerdo entre La Moneda y Jonatan Valenzuela por el caso de la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende.
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Más allá de las críticas del Presidente Boric -en el pasado y tras llegar al gobierno- al líder republicano que hoy asume un nuevo mandato, en el Ejecutivo esperan mantener el mismo trato que tienen hoy con Washington. Multilateralismo, temas valóricos y de derechos humanos asoman como los principales puntos de desencuentro.
El histórico dirigente de la CUT, pareja de Bárbara Figueroa, fue respaldado ampliamente por la cúpula del comunismo en su última polémica, donde el padre del ministro de Justicia lo llegó a comparar con un emperador romano.
Con un fuerte despliegue comunicacional de los ministros del Trabajo y de Hacienda, el gobierno espera salir a afirmar el acuerdo que ahora debe votar la Sala del Senado.
La jefa jurídica del ministerio, Macarena Diez, renunció este miércoles al gobierno y despejó el camino para que el secretario de Estado designe en su lugar a una asesora de confianza, María José Armisen. También llegó a reforzar la nueva estrategia la abogada María José Alfaro. Ambas han trabajado previamente con Figueroa, cuando este fue jefe de gabinete de Javiera Toro.
Este martes, Ricardo Lillo, Camilo Araneda y Catalina Arrey comparecieron a la comisión de la Cámara que investiga políticamente la denuncia por violación contra el exsubsecretario. Con una particular puesta en escena, el gobierno siguió atentamente la presentación y conversó previamente con los asesores.
Este lunes el nuevo ministro de Boric llegó a La Moneda para preparar la puesta en escena con la que entregará detalles sobre la marcha atrás que dará el Ejecutivo a la fallida compra de la casa de Allende.
Ante críticas de algunos expertos, el Ejecutivo defendió el proceso de resciliación que está llevando adelante. Macarena Diez, abogada de la repartición que ahora lidera el ministro Francisco Figueroa, quedó al mando de la iniciativa, aunque recibirá apoyo de la Segpres y Presidencia.
Después de tres días de respaldo, el Presidente Boric hizo que su ministra de Bienes Nacionales pagara los costos políticos por la fallida compra de la casa de Salvador Allende, idea que fue empujada por el propio Mandatario. En Palacio intentaron encapsular la crisis en esa cartera y descartaron responsabilidad de la titular de Defensa.
La ministra Etcheverry se contactó el jueves con el senador Lagos Weber, mientras que el subsecretario Proaño se comunicó estos días con el diputado Félix González, presidente de la comisión de Medio Ambiente y también crítico de las comunicaciones del Ejecutivo.
Ante la eventualidad de los siniestros de enero y febrero, un tercio del gabinete pidió días libres para antes de fin de año, para así estar a disposición por una posible catástrofe, fenómeno que en el pasado ya ha obligado a suspender días libres de autoridades.
La exconstituyente dejó de ser asesora de Desarrollo Social tras dos años al mando de la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas, desde donde consideró que su agenda no tuvo la importancia que merecía. En 2025 mira con atención las parlamentarias en La Araucanía.
Por medio de vocerías de ministros y minutas comunicacionales el gobierno de Boric ha buscado apuntar a la principal abanderada de Chile Vamos, un diseño que se activará cada vez que la exalcaldesa cargue contra el Ejecutivo.
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El Presidente otorgó el beneficio carcelario tras presiones del FA y movimientos feministas, que apuntan a que el delito se cometió en defensa propia y que no se aplicó la perspectiva de género.
El exconvencional ya trabajó en el gobierno del Presidente Boric -ambos son cercanos-, cuando encabezó la preparación de los 50 años del golpe, cargo del que salió tras presiones del PC. Durante noviembre asesoró a la hoy titular de la Segegob subrogante.
