Estatal aseguró que la fundición "enfrenta complejos desafíos en términos económicos y ambientales" y proyecta pérdidas por unos US$50 millones anuales, lo que hace inviable su continuidad.
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El abogado Meza y el diputado Gutiérrez dijeron que el gobierno había cerrado el penal.
El ministro de Defensa indicó que el Estado tiene la responsabilidad de velar por la seguridad de quienes cumplen condenas al interior de cárceles.
