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La sentencia contra cuatro integrantes del grupo fue ratificada por el Tribunal Superior de Bogotá, que los condenó a 19 años de prisión. La resolución llega a semanas de que el Presidente de Colombia, Gustavo Petro, realizara una enérgica defensa de los miembros de la "primera línea", lo que desató una tormenta mediática.
El máximo tribunal aplicó la sanción de amonestación en contra del magistrado, luego de que este realizara un cambio en la medida cautelar de prisión preventiva en contra de 13 imputados detenidos en el contexto de las manifestaciones del 2020.
Como "uno de los más violentos" de la organización describe un informe de Carabineros a Brandon Rojas Cornejo, un joven de 22 años que en junio del 2022 fue condenado por diferentes delitos vinculados al estallido social. Tras la dictación de una condena de más de cinco años de cárcel, en diciembre pasado el Presidente Gabriel Boric lo indultó. Este jueves, el TC revisará la constitucionalidad de esa decisión.
Cumpliendo una promesa de campaña, el presidente de Colombia anunció que decenas de jóvenes presos durante las protestas de 2021 serán liberados para Navidad. Desde la oposición, critican que premiará quienes cometieron delitos.
La integrante de los llamados “Escudos Azules” reapareció en redes sociales pidiendo al nuevo mandatario colombiano que “no se repita el ejemplo de Chile dónde hemos visto a Boric arremeter en contra la juventud en ‘la Plaza de la Dignidad’”. Durante su campaña, Gustavo Petro propuso "diseñar estrategias para obtener la libertad de las personas detenidas en el marco de la protesta social".
Tribunal condenó a la pena mínima de 61 días a los cinco jóvenes que habían sido declarados culpables de desórdenes públicos. La pena se dio por cumplida por el tiempo en que pasaron en prisión preventiva. Hubo 10 acusados absueltos. El abogado Víctor Providel cuestionó que se les haya aplicado en su momento la medida cautelar más severa.
De acuerdo a la acusación de la fiscalía, el 3 de marzo de ese año, a eso de las 17.30, los acusados atacaron a Carabineros e interrumpieron el libre tránsito en calle Ramón Corvalán con Carabineros de Chile, comuna de Santiago, en medio de manifestaciones.
El ala dura del movimiento protagonista del estallido social del 28 de abril buscará llegar al Congreso y será aliada del precandidato presidencial de izquierda, Gustavo Petro, de cara a las elecciones del próximo año.
Ayer, la jueza Carolina Fajardo, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, decidió que seis de 26 imputados en la causa -que se relaciona a las detenciones masivas que hizo Carabineros cerca de Plaza Italia por desórdenes públicos en marzo de 2020- deberán "abstenerse de transitar, si hay protestas", en un cuadrante que comprende los alrededores de Plaza Baquedano durante un año. El resto irá a juicio. Solo uno fue condenado debido a que no cumplía con los requisitos para llegar a este acuerdo ni para ir a juicio. Le dieron 71 días de presidio menor por desórdenes públicos.
Se mantuvieron en sus puestos, en la “primera línea” de la pandemia, hasta que el propio virus los obligó a salir. Losequipos han debido atender y despedir a sus propios colegas, con la tristeza y frustración de no poder salvarlos.
Isidora Letelier y Nicol Salvo. Una nadadora artística y una basquetbolista. Dos estudiantes de enfermería que han debido dejar las clases y enfrentarse a la pandemia. La piscina y la canasta hoy pasan a un segundo plano.
El artista callejero dejó la pintura en el Hospital General de Southampton, al sur de Inglaterra, con una nota que decía: "Gracias por todo lo que están haciendo. Espero que esto ilumine un poco el lugar, incluso si es solo en blanco y negro".
Imputados, quienes fueron aprehendidos en detenciones masivas realizadas por Carabineros en el sector de Plaza Italia, han pasado por firma bimensual, prisión preventiva, firma mensual y, ahora, arresto domiciliario total.
La magistrada Carla Capello acogió el acuerdo entre la Fiscalía y la defensa de dos profesionales que están imputados por desórdenes públicos en los alrededores de la Plaza Baquedano tras el estallido social. La resolución se hizo escuchando a los intervinientes del caso en contraposición a la cuestionada resolución del también juez Daniel Urrutia.
