El abogado Álvaro Pérez buscara que la Corte de Apelaciones y, eventualmente la Suprema, reviertan la máxima medida cautelar en contra del desaforado legislador, la que se decretó al ser considerado como un peligro para la sociedad y de la víctima.
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Este miércoles, el Juzgado de Garantía de Talca dio por acreditados los hechos en torno a la participación del desaforado legislador, tras ser formalizado por delitos de carácter sexual contra menor de 14 años en grado reiterado.
La otrora jefa comunal de Maipú está siendo investigada por los delitos de fraude al Fisco, apropiación indebida y falsificación de instrumento público, y se le acusa provocar un déficit municipal que asciende a $31 mil millones.
Después de más de siete semanas en prisión preventiva, Cathy Barriga, exalcaldesa de Maipú, abandonó por segunda vez la Cárcel Femenina de San Miguel, para volver a cumplir arresto domiciliario total.
Una imputada fue dejada con arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de acercarse a tres funcionarios bancarios.
El hallazgo se enmarcó en el Plan de Intervención Especializado Rural, que tiene como objetivo erradicar el cultivo ilegal de cannabis.
De acuerdo con la petición presentada por su abogado, el defensor penal público Víctor Providel, parte de la solicitud se funda en que el otrora subsecretario del Interior requiere recuperar su clave única para concretar trámites.
El siniestro logró ser controlado por el trabajo de los funcionarios policiales, Bomberos y Conaf.
Se trata del primer caso formalizado por este tipo de delito ocurrido en la Región de Atacama.
La mujer manifestó sus intenciones de quitarle la vida al joven de 28 años y luego huir. El tribunal la consideró un "peligro para la seguridad de la sociedad".
El sujeto fue formalizado por homicidio consumado y homicidio frustrado.
Durante el operativo en el que se detuvo a los dos hombres se incautaron drogas, dinero en efectivo, un arma, municiones y medicamentos controlados.
La Fiscal Lorena Parra, explicó que la solicitud de prisión preventiva se basa en el “peligro para seguridad de la sociedad considerando la gravedad de los hechos, delitos que se imputan y el bien jurídico; actuar en grupo o pandilla; existe una estructura criminal”. Álvaro Jalaff arriesga desde 20 años de prisión, y Antonio desde 23 años.
“En mi opinión, la prisión preventiva debe ser una medida cautelar excepcional, destinada a asegurar la realización de los fines del procedimiento judicial, no un castigo previo a la condena ni una respuesta a la presión social. Su mal uso vulnera la presunción de inocencia y puede tener consecuencias irreparables e irreversibles en la vida y reputación del imputado, además de debilitar la confianza pública en el sistema judicial”.
El máximo tribunal acogió este lunes los argumentos del recurso de amparo presentado por la defensa del exfutbolista, la cual alegó que la Corte de Apelaciones de Santiago, al momento de decretar la máxima cautelar, emitió un fallo “ilegal” y con “graves errores de fundamentación”
