La norma, que retornó a comisión por ser objeto de modificaciones, reforma el artículo 8° de la Constitución, para determinar que las personas condenadas, por sentencia firme, respecto de delitos contra la probidad, estarán inhabilitados para postular o desempeñar un cargo o función pública, incluso cuando el cargo sea de elección popular.
La ingeniera comercial y consultora en compliance y anticorrupción deja el cargo en la ONG. Dice que los hechos recientes de los que ha sido testigo el país revelan que los ilícitos abarcan más allá de la esfera pública.
El Ejecutivo dio a conocer este jueves que puso en discusión dos iniciativas que se enmarcan dentro del trabajo que ha realizado junto con la OCDE para elevar los estándares en esta materia, con el objetivo de evitar casos de corrupción.
El Mandatario, desde Calama, planteó que "los recursos se tienen que utilizar por el pueblo" y "pensando en mejorar las condiciones de vida" de las personas.
El nuevo sitio, al que se podrá acceder desde la página web del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, permitirá que las personas realicen denuncias anónimas sobre hechos de corrupción. La medida fue impulsada por la institución, luego de que a inicios de año se detectaran millonarios traspasos -durante la administración anterior- a eventos de zumba y otras actividades.
El gremialismo solicitó activar discusión de iniciativa al presidente de la Comisión de Constitución, Raúl Leiva (PS), a raíz de los casos de familiares y parejas de asesores del Presidente Gabriel Boric, que hoy trabajan en otras reparticiones del gobierno.
Tras la promulgación de la ley que moderniza el sistema de compras públicas, el Mandatario enfatizó que las irregularidades y delitos contra la probidad "debilitan la cohesión social en la democracia y eso lleva por muy mal camino".
El ministro Álvaro Elizalde fue consultado por la declaración del secretario ejecutivo de RD en el marco de la investigación de la Fiscalía de Antofagasta, quien aseguró que se le segurió a Juan Ignacio Latorre advertirle al jefe de gabinete del Presidente Gabriel Boric, Carlos Durán, sobre el caso Democracia Viva antes de que estallara. El titular Segpres fue tajante en descartar que dicha advertencia se haya concretado.
Moderniza la Ley N° 19.886 y otros cuerpos legales, para mejorar la calidad del gasto público, elevar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del Estado.
A esta hora, la UDI, RN y Evópoli se encuentran a La Moneda reunidos con el Presidente, en medio de un clima tenso entre el Ejecutivo y la oposición.
Las medidas van desde la acreditación de antigüedad, rendición electrónica por la Contraloría de la Republica y otras. Desde el Ministerio de Hacienda, dieron a conocer el nuevo instructivo sobre transferencias del sector público y aseguraron que las medidas se complementara con la Ley de Presupuesto 2024, con el fin de reforzar las medidas de control en la celebración de convenios. Esto, tras las diversas irregularidades en el traspaso de fundos públicos entre fundaciones y reparticiones ministeriales.
Entre las medidas contenidas en la agenda de probidad y modernización del Estado se cuentan un instructivo de transferencias referido a convenios, un proyecto de Ley de Beneficiarios Finales, una reforma al CAIGG y un proyecto de ley que modifique la Ley de Rentas Municipales, entre otras. Además de una batería de propuestas de una comisión asesora que se conocerá a fines de agosto.
El Mandatario transmitió en vivo, donde leyó cartas de niños y comentarios de los espectadores, frente a los que reconoció sentir "rabia" ante los distintos casos de líos de platas en convenios de reparticiones estatales con fundaciones. "Para mí ha sido algo muy duro (...) es algo que no podemos tolerar más", dijo.
