La Segpres se encuentra diseñando una hoja de ruta que apostaría por la "integridad pública" y que contempla diferentes iniciativas en cada área.
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Según explicó la autoridad, con estas medidas se pretende hacer frente a los diversos casos de corrupción que han involucrado a estas instituciones durante los últimos años.
Marcelo Drago recalcó que respaldo de archivos es una de las obligaciones que deben cumplir quienes se desempeñan en el aparato público. Asimismo, enfatizó que Chile aún presenta atrasos en materia de gestión documental.
La "cartilla" de catorce páginas detalla los deberes y sanciones que deberán cumplir las autoridades en relación a lobby, fideicomiso ciego y declaraciones de intereses, entre otras normas.
El estudio arrojó que cerca de un millón y medio de trámites en el sector público se habrían realizado durante el año 2017 saltándose el conducto regular.
A tres años de la creación de la Comisión Engel, expertos en el área advierten que tampoco se avanzó suficiente en el combate a la corrupción a nivel municipal, y esperan que la administración de Piñera ponga mayor énfasis en cumplir esta agenda.
Tanto el círculo del ex mandatario como la Nueva Mayoría están barajando fórmulas para ampliar los alcances de la legislación promulgada en 2016. De no formalizarse dichas modificaciones, la normativa no incluiría a las empresas ligadas a la familia del ex jefe de Estado ni sus inversiones en el extranjero.
Segpres y colectividades analizan mejoras a normas de partidos y de financiamiento. En enero presentarán un documento con perfeccionamientos a la actual legislación.
"Debemos reconocer la probidad y la transparencia como el principal eje que tensiona nuestro sistema político y debate institucional".
