Desde distintos sectores reconocen que en materia de expropiación hubo un avance en lo que se aprobó, aunque aún hay quienes tienen algunos reparos, sobre todo porque se establece un "justo precio del bien expropiado", en vez de una indemnización "por el daño patrimonial efectivamente causado". Sin embargo, las mayores críticas persisten en propiedad indígena.
También se aprobó que "la persona expropiada siempre podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio, así como del monto y modalidad de pago ante los tribunales que determine la ley”. Ahora estas modificaciones deberán ser votadas por el pleno. También se aprobó un nuevo articulado sobre propiedad indígena donde se señala que "el Estado establecerá instrumentos jurídicos eficaces para su catastro, regularización, demarcación, titulación, reparación y restitución".
Las normas aprobadas en particular en la comisión de Derechos Fundamentales también establecen que la propiedad indígena goza de "protección especial".
