La Comisión de Economía aprobó cambios consensuados con el Ejecutivo que recogen parte de las observaciones realizadas por el mundo financiero. Esto desató las críticas de senador Ossandón, promotor de la iniciativa, mientras la DC mostró su preocupación. En lo inmediato se entrampa su tramitación.
A pesar de que la ley se promulgara en el gobierno anterior, parlamentarios del PS presentaron ayer en el Congreso un proyecto nuevo.
Los cambios entrarían a la Comisión de Hacienda del Senado, donde está hoy la iniciativa.
El 28 de febrero la entidad de carácter consultivo del MOP revisó la iniciativa que presentaron ese mes.
Inmobiliaria, que ya tiene la aprobación del anteproyecto y el Eistu, tiene ahora la resolución de calificación ambiental para su proyecto, que contempla 3 edificios por US$110 millones. Se dispondrá de un cerco perimetral para evitar el acceso al predio declarado Monumento Histórico durante la construcción y operación.
El jefe de la bancada de diputados DC además insiste en buscar alternativas a las AFP y crear un mecanismo intergeneracional.
La compañía busca edificar en el suroriente de Santiago dos torres de departamentos, con una inversión cercana a los US$80 millones.
El juzgado especializado de Santiago acogió la reclamación de los vecinos de Lo Barnechea que nació tras la negativa del organismo a revisar los documentos que le dieron el vamos al proyecto de Anglo American.
La iniciativa está siendo trabajada por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y esperan ingresarla al Congreso durante la primera parte de 2019. Los estudios apuntan a sumar a más comunas para que aporten el 65% de sus ingresos, mientras que otras de menos recursos puedan reducir su aporte a menos de un 60%.
Si inicialmente Daniel Jadue proyectaba que en marzo de 2019 estaría lista la construcción del proyecto de dos edificios para arriendo, hoy sus estimaciones apuntan a 2020. Culpa a la demora por parte del Serviu en aprobar el contrato que firmaron con la Constructora Oval, que se adjudicó las obras en julio de 2018.
La firma, ligada al empresario Rodrigo Silva, busca concretar una special purpose company para desarrollar la iniciativa. Mediante esta firma se buscará que ingresen socios al 20% o 25% de la propiedad. La desaladora es modular y su primera etapa considera unos US$ 500 millones de inversión.
Iniciativa busca facilitar el proceso, aunque signifique que un condenado cumpla en Chile una pena inferior para ajustarse al máximo legal del país requerido.
Parlamentarios -desde la DC al FA- cuestionaron la decisión del Ejecutivo de enviar indicaciones al proyecto de incitación a la violencia. Esto, con el fin de revertir el artículo que tipifica el negacionismo como un delito penado con cárcel.
Justicia ingresará en marzo enmienda a proyecto sobre incitación a la violencia para revertir tipo penal introducido por la oposición.
Eso sí detallan que se acogieron a trámite dos solicitudes realizadas por comunidades indígenas de la zona.
