Defensa de uno de los imputados pidió más tiempo para responder a acusación sobre delitos tributarios tras una reciente querella del SII.
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Son 10 los imputados por cohecho, soborno, administración desleal y delitos tributarios.
Los tres sindicatos acusaron sobornos y prácticas antisindicales por una reunión del gerente general con los impulsores de una nueva agrupación sindical. La empresa dijo que el encuentro era "normal en el diálogo que se debe dar entre cualquier empresa y sus colaboradores". La firma llamó a los sindicatos a “resolver sus problemas internos sin enlodar a terceros".
La agrupación gremial nace como opositora a los lineamientos de los otros sindicatos, que lideraron la paralización que tuvo en vilo al puerto por 56 días y que surgió por la aplicación de una nueva política contra alcohol y drogas, y tras las acusaciones de corrupción en contra de la anterior administración, en concomitancia con los líderes sindicales. Uno de los actuales sindicatos acusa que la nueva agrupación es impulsada por la propia empresa.
Al día 47 de paralización, la empresa cifró en aproximadamente un millón de toneladas las cargas perdidas, y la presidenta de los Pescadores Industriales del Biobío, Macarena Cepeda, también entregó una cifra de pérdidas para sus asociados. “Esta paralización tuvo un impacto económico de US$ 2 millones”, dijo.
Desde la empresa destacaron “el compromiso suscrito sobre la mesa de diálogo acordada para cerrar los temas pendientes entre las partes, que se desarrollará con el puerto abierto y operativo, lo cual es un mínimo que debía ser restablecido”.
Álvaro Ananías, presidente de la Cámara de la Producción y del Comercio de esa región, afirmó que el acuerdo es "una muy buena noticia para el Biobío", especialmente porque “es una región particularmente exportadora en la cual el trabajo de los puertos es vital para su desarrollo tanto, para el proceso exportador como el proceso importador”.
De acuerdo al Ejecutivo, los representantes de los sindicatos trabajadores y de la gerencia de la empresa del mayor terminal marítimo en la Región del Biobío aceptaron instalar una mesa de trabajo liderada por el Ministerio de Transportes.
“Lo que estamos haciendo aquí es ayudar a facilitar, porque esto es un elemento crítico para la logística del sur del país y por lo tanto nos preocupa mucho que un paro de esta magnitud se prolongue por los efectos que tiene para el país y para la logística nacional”, abordó el ministro Juan Carlos Muñoz.
El ministro de Transportes, encargado de abordar el tema desde el Gobierno, se reunió esta mañana con la empresa, y esta tarde sostuvo diálogo con los trabajadores.
El ministro recalcó que la presentación del proyecto se comprometió para septiembre, antes de la discusión del presupuesto fiscal 2025, por lo que no quiso dar más detalles de este.
Según el rubro, existen 2.000 toneladas de carga que no ha podido ser exportadas.
La empresa hizo un llamado a las autoridades a responsabilizarse de la seguridad pública y de transportes, “para que nos apoyen en retomar la continuidad operacional".
“La empresa no ha generado el problema que la afecta; al contrario, ha hecho esfuerzos en todo orden de cosas para hacerse cargo de manera responsable de graves perturbaciones que están afectando su operación", dijo en una declaración pública. Desde Sofofa, también reaccionaron a los dichos del subsecretario Manuel Monsalve sobre Puerto Coronel, e indicaron que la situación afecta el derecho de propiedad.
"Esta afirmación de que el gobierno no ha hecho nada es falsa", dijo el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve.
