El ex titular de Justicia se desligó de responsabilidades y sostuvo que firmar cualquier decreto el fin de semana no habría producido efecto jurídico alguno.
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Reclusos, además, anunciaron que llevarán a cabo nuevas solicitudes de indultos humanitarios.
Eso sí, luego de recordar que ellos esperaban el cierre del mencionado recinto penitenciario, fueron enfáticos en establecer que los militantes del Partido Radical "están sometidos a la normativa jurídica que definen nuestros estatutos y a cada uno de ellos se les exige lealtad y compromiso".
El penal, construido en 1995 para que el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, cumpliera su primera condena por el asesinato del canciller Orlando Letelier, causó una profunda crisis en la Concertación que casi provoca la renuncia del entonces ministro Ricardo Lagos.
La diputada del PC manifestó, sin embargo, que es "muy poco plausible" que un secretario de Estado se negara a una instrucción de la ex Presidenta. Además, indicó que todos los "dimes y diretes" sobre cierre del penal solo añaden agravio a los familiares de las víctimas de la dictadura.
Además, Meza hizo presente que pedirá al Tribunal que se ordene notificar la demanda judicial por ley Zamudio, que ya fue acogida a tramitación por dicha instancia, a las nuevas autoridades de gobierno.
Los dirigentes fueron cautelosos en referirse a la actuación en el caso del ex ministro de Justicia, Jaime Campos, quien no firmó el documento presidencial que redestinaba la cárcel a otros presos.
El vocero del conglomerado, Octavio González, insistió que se debe "transparentar" lo ocurrido y calificó la situación de "vergonzosa".
El parlamentario reaccionó a la nota publicada por La Tercera PM respecto a por qué no se cerró el penal donde están recluidos los condenados por violaciones a los derechos humanos.
