Se trata de Freddy Enrique Ruiz Bunger, quien padecía de cáncer multisistémico y que se encontraba internado en el Hospital Clínico de la Fuerza Aérea de Chile.
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La Suprema está en plena redacción de un dictamen que complicaría los penales destinados a ex agentes y militares condenados por DD.HH.
Sin embargo, el ex ministro dijo que considera poco probable que la Mandataria espere las últimas 48 horas para tomar esta decisión.
Parlamentarios de la Nueva Mayoría y agrupaciones de DD.HH. se dividen entre la expectativa del cierre y las críticas por la falta de claridad de la Mandataria.
La Presidenta Michelle Bachelet mantuvo el suspenso si cerrará o no el penal a tan solo días que termine su mandato.
De la misma manera, el abogado que representa a 80 internos indicó que están preparando la presentación de un recurso de protección con orden no innovar en contra de la Presidenta Bachelet y del ministro Jaime Campos.
Los diputados electos Pamela Jiles y Tomás Hirsch, criticaron tanto la gestión del ministro de Justicia, Jaime Campos, como las intenciones de su sucesor, Hernán Larraín, respecto a este tema.
Aseguraron que lo más coherente es que Presidenta Bachelet cumpla su promesa.
El futuro ministro de Justicia reiteró que no cerrará el recinto, lo que molestó a la izquierda.
Las colectividades están exigiendo que la Presidenta cumpla con cerrar el recinto, a 12 días del cambio de mando. En la Nueva Mayoría, sin embargo, creen que es difícil tomar una decisión en tan poco tiempo.
"Usted tiene en sus manos la responsabilidad de impedir que la impunidad se perpetúe", señala la misiva que los diputados electos Pamela Jiles, Tomás Hirsch y Florcita Motuda entregaron en el Palacio de La Moneda.
Raúl Meza se mostró confiado en que el Presidente electo, Sebastián Piñera, "actúe con profundo sentido humanitario y conceda él indultos presidencial a reos del penal".
Los familiares de los militares condenados por crímenes de lesa humanidad criticaron que se considere al ex presidente del Consejo para la Transparencia para el cargo. Calificando la eventual designación como "un agravio inexcusable".
El argumento que exponen es que se cumpla la Convención Interamericana de la Protección de los Derechos Humanos.
