Sumando los montos declarados por el propio banco en las cuatro querellas, el perjuicio patrimonial asciende a $136.945.000. El modus operandi es idéntico en todos los casos: uso indebido de Clave Única, entrega de documentación falsa, validación de identidad engañosa y aprobación automática de productos.
Hace dos semanas, la empresa presentó una querella contra su exgerente general, Alfonso Straub, un histórico del sector financiero chileno, y su hijo homónimo, por los delitos de administración desleal y apropiación indebida. Esto, luego de que los socios Raúl Alcaíno, Álvaro Fischer, Gabriel Bitran y Víctor Vera aportaran más de $11 mil millones para tapar el hoyo que, según ellos, dejaron los acusados, a quienes imputan irregularidades que incluyen desde préstamos familiares y autobonos hasta un MBA y una camioneta.
De acuerdo con la organización Greenpeace, se trata de la primera vez que tribunales nacionales acceden a investigar y perseguir penalmente a responsables de delitos medioambientales ocurridos al interior de áreas protegidas, tras las modificaciones hechas en septiembre a la Ley 21.595.
El candidato de RN para la alcaldía de San Miguel indicó que su nombre no aparece en ninguna de las querellas presentadas luego de que, durante su administración, tres ONG se adjudicaran proyectos por cerca de $ 500 millones que no fueron ejecutados.
Tanto el gerente legal de Alto, como el presidente de la Cámara Nacional del Comercio, apuntaron a que hay un desinterés en tomar acciones legales por desconfianza en las autoridades y el sistema.
La secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, abordó el anuncio del presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raul Letelier, quien señaló que se está evaluando la presentación de querellas contra el alcalde de Recoleta.
Raúl Letelier indicó que en el caso que involucra al actual jefe comunal de Recoleta “ya hemos ido observando la comisión de algún tipo de figuras ilícitas" por lo que "va a tener seguramente novedades en el corto plazo”.
Susana Borzutzky ejecutó la acción legal en representación de David Schapiro y Cecilia Gejman, quienes en enero de 2022 presentaron una querella en contra de Thomas Greene Bennet, representante legal de Afex, y el exejecutivo Pablo López.
Adicionalmente, el jefe comunal –quien también está siendo investigado por la Fiscalía- se sumó a la acción penal dirigida contra cuatro concejales de la comuna por el delito de cohecho, quienes habrían ofrecido a una empresa el servicio de aparcadero municipal, cuya licitación pública estaba siendo planificada en aquel momento.
El gerente general de la Asociación de Bancos, Luis Opazo, señala además que "las recuperaciones por reembolsos han sido escasas, ya que la mayoría de las sentencias se han visto afectadas por la casi imposibilidad de probar la culpa grave o dolo". Los bancos están obligados a reembolsar hasta 35 UF cuando un cliente denuncia extravío, hurto, robo o desconoce una operación con una tarjeta. “La judicialización del sistema de pagos que estamos viendo en Chile es inédito a nivel mundial", agrega Opazo.
El pasado 3 de febrero David Lindor fue sorprendido iniciando un siniestro intencional en Parral, aunque resultó enajenado por presentar patologías mentales. Luego de fugarse del hospital de la ciudad se dio con su paradero en Pozo Almonte, donde el tribunal decretó firma diaria en Carabineros, cosa que tampoco se ha podido concretar.
En La Araucanía y en Bío Bío se presentó el mayor número de querellas del Estado por incendios. Las investigaciones dan cuenta de causas disímiles, aunque la mayoría está asociada al manejo irresponsable del fuego en quema de pastizales o trabajos fuera de control.
Los hechos ocurrieron en la Región de Valparaíso, explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, estupro y adquisición de material pornográfico infantil son los delitos, cometidos contra ocho adolescentes que vivían en residencias de protección.
La ministra vocera de gobierno abordó la solicitud que hicieron desde la oposición –en la reunión del jueves con el Presidente Boric- para que el Ejecutivo se querelle en los presuntos casos de corrupción que complican al oficialismo, a raíz de los cuestionados convenios entre fundaciones y reparticiones públicas.
El ministro de Desarrollo Social ha optado por una estrategia controlada, sin pasar aún a acciones judiciales. El secretario de Estado, sin embargo, no ha descartado querellarse y está evaluándolo. En su análisis considera que muchas veces este tipo de acusaciones y denuncias se ocupan para victimizar a quien ejerció la calumnia.
