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La sentencia sostuvo que la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español y que cualquier modificación del orden constituido debe abordarse según los cauces previstos por la constitución del país.

El independentismo perdió cinco puntos porcentuales respecto al sondeo anterior de octubre y se vio superado por el unionismo, según un sondeo.

Una de las medidas anunciadas por el presidente del ejecutivo español, plantea la prohibición de las donaciones de personas jurídicas a los partidos.

La titular de Sanidad fue considerada "partícipe a título lucrativo" en delitos cometidos por su ex marido en el caso Gürtel que salpica al Partido Popular.

En tanto, la ministra española de Sanidad no está imputada, pero el juez la considera partícipe a título lucrativo de delitos cometidos por su ex marido.

El Ejecutivo catalán pretende lograr apoyo internacional para presionar a Rajoy a negociar la celebración de un referéndum de verdad, legal y vinculante.

El presidente del gobierno español afirmó que los tribunales, la Agencia Tributaria y el resto de organismos están actuando para combatir la corrupción en España.

Los opositores le recriminaron a Rajoy los temas de corrupción que afectan a su partido y la izquierda le exigió que comparezca en un pleno parlamentario.

El gobierno español está decidido a dar los mismos pasos que dio con la convocatoria del referéndum y con la ley que el Parlamento catalán aprobó para avalarla.

En la alternativa planteada los ciudadanos se inscribirán justo antes de votar, estará organizado por unos 20.000 voluntarios y no será convocada mediante un decreto oficial.

Sin una hoja de ruta conocida sobre la mesa, la consulta secesionista sigue en pie a pesar de la suspensión cautelar del Tribunal Constitucional.

La creación de una comisión de control para supervisar el referéndum entrará en vigor tras la autorización del presidente catalán.

La paralización afecta tanto a la convocatoria del referéndum como la ley de consultas aprobada el 19 de septiembre por el Parlamento catalán para dar a éste amparo legal.

El proyecto permitía la interrupción del embarazo cuando dos médicos distintos certificasen la existencia de un peligro para la vida o la salud física o psíquica de la madre, o en caso de violación siempre que hubiese una denuncia previa ante la policía.

"En este momento no hablaré de otro escenario que no sea la consulta del 9 de noviembre", afirmó el jefe del Ejecutivo catalán.